Dentro de un plan general de ahorro, el Gobierno regional está estudiando revisar la aportación que hace a los sueldos de sus 45.000 empleados cuando están de baja por enfermedad común; gracias a esa aportación los funcionarios cobran desde el primer día la totalidad de su sueldo, y no sufren penalizaciones que oscilarían entre el 25% y el 100% dependiendo de la duración de la baja.
Según la Ley de la Seguridad Social, cuando un empleado se pone enfermo durante los tres primeros días no percibe nada del sueldo, a partir del cuarto día cobra el 60 por ciento, y si la baja dura más de 20 días desde ese momento tiene derecho al 75 por ciento del salario.
Pero es común en los convenios de empresa, y así es en los que la Junta tiene firmados con sus empleados, que el empleador complemente el sueldo de baja que abonan él o la Seguridad Social con otra cantidad que equivale a cobrar desde el primer día de enfermedad la totalidad de la nómina.
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, explicó ayer que la Junta tiene en estudio para su posterior aplicación una medida para controlar el absentismo laboral, que se traduciría en una revisión de los mecanismos actuales, entre ellos esas aportaciones complementarias que integran el subsidio y redondean el sueldo.
El ahorro estimado sería de 3,1 millones de euros anuales.
Fernández recalcó que es una medida que está aún en consideración, y añadió que se trataría de aplicar unos sistemas complejos, de control y de reducción de las aportaciones, pero no dio más información.
Eso sí, serían similares o irían en el mismo o parecido sentido que los que ya aplican desde principios de año comunidades como País Vasco o Madrid, que consisten en reducir las aportaciones complementarias de manera que en ningún momento el funcionario percibe la totalidad de la nómina. En el caso vasco además hay que solicitar el parte médico desde el primer día y no a partir del cuarto.
En Madrid, al poco de implantada la medida, se detectó un aumento en el número de trabajadores que solicitaron el alta voluntaria.
La Junta, por medio de su consejero de Administración Pública, Pedro Nevado-Batalla, ya ha dejado caer esta idea en una reunión que hace tres semanas mantuvo con los representantes de los trabajadores, y se encontró con el rechazo de los mismos.
José Fernández, presidente regional de CSIF, le dijo que no fuera por ahí o de lo contrario «nos vamos a encontrar». En su opinión la medida es injusta y desproporcionada porque castiga de igual manera a los enfermos que a los que fingen serlo, y recurre a lo fácil que es meter a todos los empleados en el mismo saco, en vez de abordar los fraudes concretos. «Al vago y al maleante, y que cuenten con nosotros, hay que perseguirle hasta donde sea, pero para eso hay ya los servicios de inspección suficiente».
CSIF no acepta este plan que piensa combatirlo con todas sus fuerzas.
La Federación de Servicios Públicos de UGT Extremadura lo rechaza por considerarlo socialmente regresivo ya que para los funcionarios que sufran una enfermedad habrá un doble castigo, el de la salud y el del dinero.
«Parten de la base de que el funcionario se da de baja porque no quiere trabajar, pero para atajar el presunto fraude ya tiene la Junta sus propios mecanismos, la inspección médica del Servicio Extremeño de Salud y la misma inspección de la Junta», alega José Ignacio Luis, secretario regional de FSP-UGT.
Se puede dar la circunstancia de que te detecten una enfermedad grave, pone como ejemplo, y a partir del día veintiuno desde el cual la Seguridad Social corre solo con el 75 por ciento del sueldo, una persona necesitada a lo mejor de pagar un acompañante tenga que costearlo con esa merma salarial del 25 por ciento.
Este dirigente sindical duda de que se pueda conseguir con este mecanismo de reducción de complementos un ahorro anual de 3,1 millones de euros: «No me lo creo».
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO también duda de esta última cifra que en todo caso se basaría en datos que según ellos no se corresponden con la realidad actual.
Comisiones se opone a la medida porque no la ve proporcionada, ya que pagarían justos por pecadores, pero se ofrece a colaborar en un plan contra la reducción del absentismo «siempre que trabajemos sobre cifras reales», explica Marisol Salazar.
La reducción de sueldo a los empleados públicos de la Junta por darse de baja, posibilidad ya planteada a los sindicatos, obligaría al Gobierno de José Antonio Monago a contar con los votos de IU o del PSOE ya que solo podría hacerse reformando la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012, un texto que reconoce a los 45.000 empleados de la Administración autonómica el derecho a percibir la totalidad de la nómina.
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, reveló anteayer que esa medida está en estudio para su posterior aplicación, como instrumento para luchar contra el absentismo laboral en los centros de trabajo públicos.
Con el precedente ya aplicado en País Vasco y Madrid, se trataría de reducir la aportación que la Junta hace en este caso para complementar el subsidio que la Seguridad Social paga en caso de enfermedad.
Actualmente los empleados de la Junta reciben de ésta un suplemento desde el primer día de la baja, un derecho establecido en la Ley de Presupuestos extremeños aprobada el pasado 17 de enero.
El artículo 25 dispone que todo el personal de la Junta acogido al régimen general de la Seguridad Social en situación de incapacidad temporal percibirá un importe fijo igual a la diferencia entre la cuantía del subsidio (que aporta la Seguridad Social) y las retribuciones fijas y periódicas que tuviera el funcionario.
Por ley desde 2009
Ese beneficio viene recogido desde 2005 en el convenio colectivo del personal laboral autonómico, pero se aplicó también de hecho al personal funcionario, y empezó a ser incluido en la Ley de Presupuestos en 2009 ya para ambos.
Por tanto se necesita otra ley para revocarlo, que es el procedimiento escogido por el País Vasco, en el artículo 11 de su ley presupuestaria de 30 de diciembre pasado, que suspendió la mejora en el subsidio de la incapacidad temporal, y posteriormente el 3 de febrero, mediante un decreto, aplicó una nueva regulación que en la práctica supone un recorte.
Una normativa que se aplica desde el pasado 6 de febrero y que los sindicatos están estudiando recurrir ya que «no es la forma de acabar con el absentismo», protesta a este diario Pablo Sáez de Jáuregui, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO en Euskadi.
También en Madrid, y a partir del próximo 1 de marzo, los empleados del Gobierno que preside Esperanza Aguirre van a ver reducida su retribución desde el momento que se den de baja por enfermedad común. La medida, incluida desde principios de año en la Ley de Presupuestos, se ha desarrollado mediante una instrucción reciente contra la que UGT va a recurrir en proceso contencioso administrativo.
«Supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo pactadas, y rotas ahora de forma unilateral», declara a HOY Santiago Tamame, secretario regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Madrid, y que sostiene que aquella comunidad es «el laboratorio de ensayo de las ideas que salen de la sede central del PP en la calle Génova».
La Junta informó ayer que la Dirección General de Función Pública está haciendo un estudio sobre el absentismo laboral en Extremadura, un estudio que incluirá al personal de Educación y del SES ya que las medidas, «de tomarse, se aplicarán a todos los empleados públicos». Una vez que el estudio quede terminado lo conocerán en primer lugar las centrales sindicales.
Los sindicatos de la Administración autonómica, que están lógicamente en contra, no esperan que el recorte, si al final se concreta, se aplique en este año. Ni el PSOE, ni tampoco Izquierda Unida, están dispuestos a apoyar en el Parlamento extremeño una reforma legal que fuera en ese sentido.
http://www.hoy.es/v/20120223/regional/junta-estudia-recortar-sueldo-20120223.html
