Izquierda Unida-Mérida considera que la postura del Gobierno local ante la reforma de la Constitución "es un ejemplo de demagogia", y recuerda al alcalde, Pedro Acedo, que la nueva redacción del artículo 135 contó con el apoyo del Partido Popular.
IU señala que las consecuencias de la reforma constitucional se conocen desde el mismo momento en el que se inició su tramitación parlamentaria, ya que vienen implícitas en el propio texto, "por lo que resulta absolutamente contradictorio que desde el equipo de Gobierno se lamenten los efectos de la aplicación de una medida que ha recibido el apoyo de la formación política a la que pertenece el señor alcalde".
La coalición se pregunta si la postura del primer edil "no es una excusa para dejar de priorizar la satisfacción de las nóminas ante la necesidad de hacer frente a los pagos de la deuda que tiene contraída el Ayuntamiento con proveedores y empresas gestoras de los distintos servicios públicos".
Además, IU explica que la prioridad de pago de la deuda de las administraciones públicas sobre cualquier otro concepto, incluidas las nóminas de los empleados, se complementa con la obligatoriedad de alcanzar el equilibrio presupuestario al final del ejercicio, "un objetivo que se encuentra absolutamente fuera del alcance de las administraciones territoriales en este momento".
IU carga contra las privatizaciones municipales
Izquierda Unida-Mérida considera que la situación que viven en la actualidad los servicios públicos derecogida y basura y abastecimiento de agua se debe al modelo de privatización de servicios básicos «impuesto por el PP y el PSOE».
«El resultado de las privatizaciones llevadas a cabo por los distintos gobiernos de Acedo y Calle ha supuesto la aparición de una deuda descomunal con la empresa adjudicataria del servicio de limpieza que alcanza alrededor de 15 millones de euros, y un aumento más desmedido de las tarifas de agua y alcantarillado», apunta.
La coalición considera que la subida de tasas del agua se debe a la privatización aprobada por el PP y el contrato de ampliación acordado el pasado año por el PSOE, «cuya cancelación podría haber supuesto la petición de daños y perjuicios por parte de la empresa encargada de la gestión del servicio».
Para IU, este modelo de gestión que han seguido los dos grandes partidos políticos «perjudica a los usuarios, debilita las cuentas públicas y tiene como únicos beneficiarios a las empresas». Por ese motivo, culpa al PP y al PSOE del «encarecimiento de los servicios públicos y el empobrecimiento de la hacienda municipal».
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