El informe critica que no exista un marco legal que garantice los derechos de los ciudadanos en esta materia
Extremadura suspende en el desarrollo de su sistema de servicios sociales en uno de los momentos más duros de la historia reciente para muchas familias. Además lo hace con alevosía porque el 4,2 que obtiene como calificación, según un estudio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, choca con el grado de 'excelencia' que logra cuando lo que se analiza es el dinero que se le dedica al asunto en la comunidad autónoma.
No en vano el caso extremeño pone en evidencia, según el estudio, que no por gastar más se logra un resultado más eficiente si la inversión no está bien gestionada.
Así, al analizar algunos de los indicadores que miden la relevancia económica que la región le da a los servicios sociales, el resultado es un 2,9 sobre 3. Su gasto por habitante en esta materia es de 353,7 euros, frente a los 280 de la media estatal. Su porcentaje de PIB destinado a este fin es 2,19% frente al 1,25% de la media y el porcentaje sobre el total de gasto de la comunidad es de 8,21% en comparación con el 6,93% del país.
Por ello resulta más chocante que en contrapartida, en materia de derechos y decisión política, el estudio ponga en evidencia de en Extremadura falta un marco normativo que garantice los derechos de los ciudadanos en materia de servicios sociales. Además, «carece de instrumentos de planificación y ordenación del sector y no ha sido capaz de integrar eficazmente la protección a la Dependencia, cuarto pilar del estado del bienestar», denuncian los autores: Gustavo A. García Herrero y José Manuel Ramírez Navarro. En su informe solo destacan tres logros de los servicios sociales extremeños: el de la ayuda a domicilio (lo reciben 9,9 de cada 100 personas mayores de 65 años, frente a los 4,69 de la media estatal). También sobresale la región en el número de plazas residenciales para personas mayores de 65 (5,4 por cada 100, frente a las 4,3 de España). Asimismo, está por encima de la media (1,59%) la cobertura de la protección a la dependencia en Extremadura (1,68%).
Son aspectos positivos que se ven empañados, sin embargo, por otros como el llamado 'limbo de la dependencia', ya que el análisis pone de manifiesto que a finales de 2011 casi una de cada tres personas -32,3% - con dictamen que les da derecho a una prestación o servicio en el Sistema de Atención a la Dependencia, no lo tiene prescrito.
Tampoco la dotación de sus estructuras básicas de servicios sociales y comarcales son suficientes. Y las coberturas de rentas mínimas de inserción son tan escasas que un ciudadano extremeño tiene la mitad de posibilidades que en el resto del estado de recibirlas (solo se benefician de ellas uno de cada 284,3 habitantes frente a los 147,6 de la media estatal).
Son mejorables también los porcentajes de acogimientos familiares de menores (55,2% en la región frente a los 63,5 de España). Y las plazas de alojamientos para personas sin hogar, (16,7 por cada 100.000 habitantes, son prácticamente la mitad de la media, 34,5). De hecho, es la comunidad con menor cobertura de toda España.
Una extraordinaria victoria, gracias a la lucha paciente e inteligente de la Plataforma y de gran parte del pueblo extremeño. Desde La Trastienda felicitamos a los compañeros de la Plataforma y manifestamos nuestra inmensa alegría por que el niño pudiera, al final, despojarse de la maldita cámara antigás:
Reproducimos a continución el comunicado íntegro de la PLATAFORMA CIUDADANA REFINERÍA NO
“ Se acabó”.
Villafranca de los Barros , 31 de marzo de 2012
Hoy, con una resolución negativa del proyecto Refinería Balboa por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ya podemos dar por finalizado un intenso y largo recorrido que se inició hace ocho años, cuando comenzaba la lucha contra la refinería. Nacía entonces un movimiento social con pocos precedentes en la historia reciente de Extremadura en la que los ciudadanos se enfrentaban a la imposición de forma pacífica, organizada y preparada.
Informándonos y divulgando esa información; exigiendo un debate vetado sistemáticamente por parte de los promotores políticos y mediáticos del proyecto; denunciando las múltiples irregularidades de un procedimiento opaco; coordinando nuestra lucha con otras de distintos territorios; tratando de hacer oír la opinión de unos ciudadanos a los que nunca se preguntó sobre los planes de desarrollo de su tierra; demandando el amparo de instituciones nacionales e internacionales ante la vulneración de nuestros derechos,… lo que nació como una imparable respuesta cívica a una imposición, se fue extendiendo desde Tierra de Barros al resto de Extremadura, de España y hasta de Europa (fueron muchos los viajes de la Plataforma a Bruselas, buscando en las instituciones europeas el amparo que no encontrábamos en las españolas).
En contra de lo que pretendían quienes – como el promotor, Alfonso Gallardo y el PSOE extremeño- exigían un dictamen político, finalmente ha prevalecido la razón del estado de derecho y se han impuesto los criterios técnicos. En contra de quienes – como Guillermo Fernández Vara- impidieron en su día que saliera a la luz la resolución negativa del proyecto, rozando con ello la prevaricación, la Declaración de Impacto Ambiental ha visto la luz sujeta a los informes elaborados por los profesionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y no a las decisiones de los políticos.
Resulta gratificante comprobar cómo los argumentos imparciales de la DIA coinciden con los que venimos esgrimiendo desde hace años. La idea de una refinería de crudos pesados en Tierra de Barros era una aberración ambiental que hubiese perjudicado irremediablemente a los sistemas económicos de la zona – en la que se produce más del 60% del vino y del 40% del aceite de oliva de Extremadura- así como a la salud y calidad de vida de sus habitantes, por muchas “Mejores Técnicas Disponibles” que se hubiesen utilizado. Del mismo modo, infraestructuras como el oleoducto y el poliducto hubiesen causado un impacto inasumible a lo largo de los más de 200 kms. de su trazado, incluyendo zonas tan sensibles como Doñana o la Sierra de Huelva. Por otro lado, el considerable aumento de tráfico de petroleros con el consiguiente incremento del riesgo de mareas negras en la costa onubense; las afecciones a la cuenca transfronteriza del Guadiana, compartida con Portugal; la ubicación de la planta sobre el milenario camino de la Vía de la Plata; el descomunal consumo de agua en una cuenca deficitaria; la apuesta insostenible por los recursos fósiles y por la dependencia energética; el extraordinario incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero de Extremadura; …. Son algunos de los muchos argumentos que convertían a este proyecto en nefasto.
Y todo ello a cambio de unos supuestos puestos de trabajo que, según sus promotores y sus padrinos políticos, serían la panacea contra el desempleo en nuestra región. En numerosas ocasiones hemos desmontado esa quimera, basándonos simplemente en los datos de la propia empresa cuando, en su Estudio de Impacto Ambiental asegura que – como máximo- la planta contaría con 450 trabajadores, de los cuales el 85% tendría su origen fuera de los 21 pueblos más afectados (Tomo I del EsIA, página 102. Anexo 9 “Análisis del Impacto Socioeconómico de la Instalación de un Complejo Refinero en Extremadura” páginas 66 y 106). Intentar vender a la población una instalación que sólo crearía 67 puestos de trabajo en una zona con 136.000 habitantes, como la solución definitiva al desempleo, sólo puede calificarse de engaño. De engaño inmoral, pues con él se juega con las expectativas e ilusiones de miles de personas, en concreto de los 138.177 parados extremeños. Ello cobra especial gravedad en las circunstancias actuales, dramáticas para muchas personas, en las que una mentira como la del milagro del empleo refinero, se ve revalorizada para quienes la utilizan.
Pero además de las previsibles afecciones negativas de la refinería, además de las falsedades utilizadas para su justificación, desde el inicio de este capítulo de la historia de Extremadura que hoy acaba, nos tuvimos que encontrar con algo tan preocupante como es el tremendo déficit democrático de nuestra tierra. Lo que en un principio era la mera oposición a un proyecto industrial, se acabó convirtiendo en la lucha por unos derechos ciudadanos. En estos años hemos sufrido en nuestras propias carnes los abusos de poder de gobiernos locales y autonómicos en manos del PSOE, partido que no sólo auspició el proyecto desde el principio, sino que no ha dudado en imponer su defensa a ultranza por encima de los derechos de los ciudadanos. Cientos de multas, censura de programas de radio, cargas policiales, detenciones ilegales, prohibiciones para el uso de lugares públicos para reuniones, actos o exposiciones, insultos, insidias y descalificaciones de todo tipo, han sido las únicas respuestas de unos representantes públicos que ejercieron una auténtica persecución y que, en tres legislaturas, no tuvieron tiempo de recibir a la Plataforma Ciudadana Refinería No. Como ejemplo emblemático de las consecuencias acarreadas por enfrentarse públicamente a este proyecto quedará para la posteridad el vergonzoso caso de las once personas falsamente imputadas por delito de agresión por el alcalde de Villafranca de los Barros en 2005. Nunca hubieran sospechado estos ciudadanos lo caro que podía resultar en esta tierra interferir en los planes de quienes la gobernaban.
Además de todo ello, los extremeños tuvimos que contemplar cómo convertían en causa común la defensa del proyecto petrolífero, UGT y CCOO, los dos sindicatos mayoritarios – defendiendo el proyecto particular de un empresario, en lugar de a los trabajadores- y de la Universidad de Extremadura – que realizaba informes a medida encargados y financiados por Gallardo-. Comprobamos así que, no sólo podían ser comprados los apoyos mediáticos, sino también los sociales y los técnicos.
Pero junto con la persecución, y junto con el desfile de apoyos comprados, hay algo igualmente preocupante y que se ha fomentado premeditadamente desde algunos responsables públicos: La división entre la población. Al convertir un proyecto industrial en una cuestión ideológica y al alimentar la confrontación, pretendían favorecer sus intereses partidistas, pese a que la gran damnificada fuese algo tan valioso como la convivencia.
También hemos podido comprobar en primera persona hasta qué punto puede ser difícil ejercer de ciudadanos críticos cuando existen medios de comunicación que, en el mejor de los casos censuran, silencian y condenan al ostracismo a quienes no favorecen a sus intereses políticos o empresariales y, en el peor, manipulan la información, ofreciendo una versión de la realidad poco o nada imparcial. Medios privados como el diario Hoy o la cadena Ser o públicos como Canal Extremadura o los medios municipales de Villafranca de los Barros, han hecho todo cuanto ha estado en sus manos para que la opinión pública no tuviese constancia de nuestro mensaje y para crear una imagen distorsionada de nuestro colectivo.
No nos hubiese sido posible esquivar tal tapón mediático de no ser por medios como Radio Nacional de España, Kaos en la red, COPE Almendralejo, Extremadura al Día o La Gaceta Independiente, entre otros. También es necesario mencionar expresamente a la productora Libre Producciones, vetada por el anterior gobierno regional hasta límites escandalosos por abordar el asunto de la refinería en su labor profesional. A todos ellos, no podemos sino mostrar nuestro agradecimiento por constituir honrosas excepciones en tan servil panorama mediático.
También tenemos que agradecer el apoyo que hemos recibido en estos años por parte de asociaciones y colectivos, entre las merecen especial mención los grupos conservacionistas Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF/Adena, Seo/Bird Life, Amigos de la Tierra, Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo o Adenex. Tampoco dudaron en hacer suya esta lucha colectivos como la Mesa de la Ría (Huelva), IU Andalucía, Partido Andalucista, PP Andalucía, Amigos de la Vía de la Plata, Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Los Verdes Europeos, CGT, CNT, Coag, Asaja, Oce, Quercus, Bloco de Esquerda, Geota, Aldea Moret y muchos otros cuya enumeración sería demasiado extensa.
En el apartado de reconocimientos, cabe destacar, sin ambages, el papel jugado por IU Extremadura, formación política que, desde el principio, ha mantenido una inequívoca postura frente al proyecto y que en la presente legislatura ha resultado especialmente valiosa al saberla hacer valer de forma prioritaria.
También nos parece merecedora de reconocimiento la apuesta realizada tanto por el actual gobierno de Extremadura como por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que el dictamen final se basase en criterios técnicos, y no políticos.
Del mismo modo, nos gustaría dar las gracias a todos esos miles y miles de ciudadanos valientes que un día decidieron asistir a una manifestación, firmar una alegación, o apoyar de una u otra forma a la plataforma. A los innumerables expertos, naturalistas, articulistas, editores, investigadores, profesores,… que enriquecieron el haber de la plataforma con sus inestimables aportaciones en forma de conferencias, artículos, estudios,… A los artistas, músicos, escritores,… que dieron distintas formas a nuestro mensaje y lo difundieron.
Muchas gracias a todos aquellos ciudadanos que han trabajado de forma absolutamente desinteresada –tanto los que lo hicieron un día, como los que lo hicieron ocho años- para que este día fuese posible. Con todos ellos queremos compartir este día.
Entre todos, además de impedir que se llevase a cabo un esperpéntico proyecto, hemos conseguido al menos dos cosas muy importantes. Por un lado, dejar patente que la refinería de petróleo en Tierra de Barros era el fruto de un problema de fondo mucho más grave: Un modelo de desarrollo obsoleto, nada respetuoso con el territorio ni con sus gentes, no acorde con los recursos naturales o las potencialidades de nuestra tierra y más cercano a lo más burdo de la economía del pelotazo que a la de una economía inteligente y sustentable que genere riqueza, empleo y calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades. Por otro lado, ha quedado patente que los ciudadanos, ante las arbitrariedades e imposiciones de los gobernantes, cuando estos abandonan la obligación de velar por los derechos comunes y comienzan a trabajar por los intereses particulares, pueden y deben de unirse. Y que, cuando lo hacen, pese a los inherentes obstáculos, tienen muchas más posibilidades de alcanzar sus objetivos que si permanecen impasibles.
Las principales organizaciones ecologistas y la 'Plataforma Ciudadana Refinería No' celebran que el informe que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha remitido a la Junta de Extremadura sobre el proyecto de la refinería Balboa sea "desfavorable".
Agencias
Así, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF celebran que el Gobierno desestime el proyecto en Tierra de Barros y destacan que la decisión hace "prevalecer el interés común por un medio ambiente sano" y porque, con ello, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete "da la razón a los ecologistas" y "un revés" a los intereses "particulares y partidistas".
Además, subrayan que el informe técnico señala, tras iniciarse el proceso de evaluación de impacto ambiental en 2005, la instalación "no es compatible con un medio ambiente sano y bien conservado".
Por este motivo, las cinco principales organizaciones ecologistas junto con la 'Plataforma Ciudadana Refinería No' "se congratulan y felicitan" al MAGRAMA por "haber sido consecuente" con los informes que señalaban esta incompatibilidad.
A su juicio, entre los principales motivos para "descartar" el proyecto figuran los impactos y riesgos de vertido en los cientos de kilómetros de oleoductos y poliductos para abastecer una instalación situada 200 kilómetros tierra adentro y que hubieran bordeado el Parque Nacional de Doñana; el elevado número de grandes petroleros que habría atraído a esta misma zona del litoral; y el gran volumen de emisiones contaminantes que habría producido la refinería, en medio de una de las comarcas agrarias más ricas de Extremadura, poniendo en peligro la calidad de sus productos y la salud de su población.
Además, añaden que a esto se sumaría "el sinsentido" de instalar una nueva refinería cuando en España hay una gran sobrecapacidad de refino y una tendencia clara a la reducción de la disponibilidad de petróleo.
En todo caso, lamentan que las "fuertes presiones" ejercidas desde distintos intereses privados y por parte de "algunos" cargos políticos para que la iniciativa saliera adelante hayan retrasado "durante años" la decisión, y manifiestan que esto resulta "de todo punto inadmisible" en los procedimientos en los que los argumentos de carácter "técnico deberían ser los determinantes".
Finalmente, recuerdan que entre otras cuestiones, lo que ha permitido que, "al final se imponga la racionalidad y el sentido común", es "la continuada y contundente" oposición social, liderada en gran parte por estas organizaciones.
No hizo falta provocación previa. La UGT de Extremadura ha comunicadoa través de su cuenta de Twitter que la policía ha efectuado tres disparosal aire en Mérida. Según han confirmado telefónicamente en radiocable.com los propios testigos, se produjo con una escopeta de pelotas de goma.
“La policía nacional disparó al aire para intimidar a los piquetes informativos que estaban en la central de correos de mérida” -explicaron
En conversación telefónica con radiocable.com, Pedro Martín Curto, el Secretario General de Transportes de Extremadura, cuenta lo ocurrido y detalla que se trató de disparos efectuados con una escopeta de pelotas de goma.
Un grupo de activistas de la Coordinadora Extremeña contra el AVE ha desplegado este jueves una pancarta contra el Tren de Alta Velocidad y ha repartido octavillas en la estación de trenes de Mérida, al tiempo que dos de ellos se han encadenado a un stand informativo.
El acto de protesta ha comenzado a las 15.00 horas de este jueves, cuando los activistas, lanzando consignas como 'AVE especulación', 'El AVE no es progreso, es un negocio' o 'La tierra no se vende, la tierra se defiende', se han instalado en el pasillo de entrada de la estación y han repartido información a los viajeros.
Transcurrido un cuarto de hora, agentes de la Policía Nacional, alertados los servicios de seguridad, han procedido a cortar las cadenas de los dos activistas y a identificar a los jóvenes que estaban encadenados, ante la atenta mirada de la decena de personas que les acompañaban.
"LOCURA"
En la pancarta que portaban los integrantes de la Coordinadora Contra el AVE podía leerse 'No al AVE ni por Extremadura ni por ninguna parte' y en la información que han repartido pedían colaboración ciudadana para "hacer descarrilar esta locura" de proyecto, según ha informado la coordinadora a Europa Press.
También han explicado que la línea de Alta Velocidad Madrid-Badajoz no se adapta a las necesidades de la población extremeña, además de resaltar el "fuerte impacto ecológico" que supone esta infraestructura puesto que "provoca daños irreparables" en el entorno rural, además de contribuir a la "deforestación y a la destrucción de acuíferos, como se está evidenciando en poblaciones como Grimaldo".
Asimismo, han informado de que el próximo día 10 se ha organizado una ruta senderista en la localidad cacereña de Grimaldo y otra serie de eventos entre los que destaca la charla de la Asociación Para la Protección del Entorno Rural La Cumbre, donde se expondrán los problemas que las obras del AVE están causando a la zona.
Tras una Asamblea celebrada el 3 de marzo, que ha reunido a más de 60 personas de diferentes colectivos y localidades, se pone en marcha la Iniciativa Legislativa Popular en Extremadura.
Este sábado 3 de marzo, con un acto en la ciudad de Mérida, representantes de diferentes asambleas ciudadanas celebradas en las principales ciudades extremeñas, han puesto en marcha la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la implantación de una Renta Básica en Extremadura. Después de un largo debate, en el que han participado los compañeros provenientes de Cataluña (José Álvarez) y Euskadi (Manuel Sáenz), el acto culminó con la elección de una Junta Promotora, que se encargará de la presentación de la ILP en la Asamblea de Extremadura y hará las tareas de representación del movimiento.
Los presentes se comprometieron a impulsar el proceso de recogida de firmas que comenzará en Abril y se prolongará a lo largo del año hasta alcanzar la cifra de 45.000 firmas aproximadamente -el 5% del electorado exigido por la ley autonómica-. El objetivo es culminar el proceso antes de final de año, para que la Renta Básica pueda ser introducida en los Presupuestos Autonómicos del próximo año.
Se destacó que la Renta Básica es un Derecho Universal de Ciudadanía, incondicionado y personal, que no requiere contraprestación alguna y es independiente de cualquier otro ingreso o circunstancia. También se observó que la lucha por la Renta Básica no puede ser un obstáculo para conseguir otras formas de ingreso para la ciudadanía más necesitada, como la Renta de Inserción Social conseguida en Euskadi y que está contemplada en los Presupuestos de la Junta de Extremadura para el 2012. Esas otras formas de ingreso deben ser considerados pasos intermedios y de urgencia, en el camino hacia la consecución de una remuneración garantizada para toda la ciudadanía.
Se subrayó que no se trata de conseguir una limosna para pobres, sino de conseguir un derecho universal. Para que éste sea efectivo debe generar un tejido social, solidario y participativo, aumentando la conciencia pública sobre las injusticias presentes en la sociedad actual y despertando el deseo de remediarlas.
Entre las características de la movilización se destacó su apertura a toda la sociedad, admitiéndose la pluralidad ciudadana en toda su riqueza y amplitud. Algunos militantes de las diferentes organizaciones presentes en el acto manifestaron su pertenencia asociativa, comprometiéndose a participar en la lucha ciudadana sin poner trabas ni límites de tipo partidista o sindical.
Siendo una movilización ciudadana con un objetivo muy preciso, la Asamblea por la Renta Básica se dota de su propia auto-organización democrática, contando con la participación voluntaria de la ciudadanía en las tareas colectivas y sin otra reglamentación que la contenida en las leyes del Estado y los acuerdos solidarios entre los participantes.
Esta Asamblea del 3 de marzo ha culminado un proceso de reuniones y asambleas en numerosas localidades como Plasencia, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Villafranca de los Barros y Zafra, estando prevista la celebración de actos en varias localidades durante las semanas sucesivas. Hasta el momento el movimiento cuenta ya con centenas de personas que han participado en esas reuniones previas. Esta fase preparatoria terminará con una asamblea el 15 de abril en Mérida, en la que se organizará el proceso de recogida de firmas.
200 estudiantes de la Universidad de Extremadura que han cortado las salidas con gritos de "no a los recortes en educación" y gritos de " vosotros fascistas, sois los terroristas". han llegado a zarandear el coche oficial del rpesidente, y s ehan tenido que pedir refuerzos policiales.
El presidente extremeño, José Antonio Monago, ha salido escoltado este mediodía por la Policía Nacional de la Facultad de Derecho de Cáceres ante la protesta de unos 200 estudiantes de la Universidad de Extremadura que han cortado las salidas con gritos de "no a los recortes en educación".
Hasta el Campus Universitario se han desplazado tres furgones de la Policía Nacional, con una veintena de agentes, que han abierto paso al coche oficial de Monago hacia de las 13:30 horas, cuando se han vivido momentos de tensión en un forcejeo protagonizado entre los agentes y varios estudiantes que querían impedir el paso del vehículo.
El suceso se ha desarrollado sin altercados de relevancia, muchos gritos y nerviosismo, y, una vez que el coche del presidente ha abandonado el Campus, los agentes de la Policía Nacional han abandonado la Facultad en sus furgones.
En ese momento, los manifestantes han aprovechado para volver a cortar el acceso e impedir la salida del resto de vehículos que intentaban abandonar los aparcamientos adyacentes a la Facultad de Derecho.
En el lugar también estaban presentes otra media docena de agentes de la Policía Nacional vestidos de paisano que permanecían a las puertas de la Facultad mientras que Monago asistía al acto institucional de San Raimundo de Peñafort, patrón del centro, en compañía del Fiscal Superior de Justicia de Extremadura, Aurelio Blanco; y el rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, entre otros.
Los manifestantes han llegado hasta la Facultad pasadas las 12:00 horas con pancartas en las que podía leerse lemas como "Contra los recortes en la UEX, lucha" y gritaban proclamas contra la subida de las tasas en la institución educativa y la bajada de las partidas destinadas a la investigación.
Las pancartas también recogían frases en contra de la congelación salarial y la bajada de los recursos los centros y departamentos en el seno de la Universidad.
En el transcurso de las protestas varios agentes de paisano han intentado disuadir a los manifestantes, que han respondido levantando las manos al grito de "éstas son nuestra armas" y "somos estudiantes, no delincuentes".
Un exreligioso acusado de abusar sexualmente y de forma reiterada, casi diaria durante seis meses, de un joven discapacitado, ha reconocido los hechos y aceptado una condena de ocho años y medio de prisión.
Esta condena es la pena mínima que se puede imponer por un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal, que es el que se le imputaba al exreligioso, Carlos Alfonso S. P., de 48 años, para el que el Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente 10 años de prisión.
Los hechos por los que se le condenan ocurrieron entre septiembre del 2009 y mayo del 2010 en la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, un centro de atención a minusválidos psíquicos y físicos a cuyo cargo está la orden religiosa Esclavos de María y los Pobres, de la que era hermano el acusado, al que la propia orden denunció y expulsó de forma inmediata.
SIN JUICIO PUBLICO El exreligioso iba a ser juzgado ayer por la mañana en la Audiencia Provincial, pero evitó un juicio público al alcanzar su abogado con el Ministerio Fiscal una conformidad sobre la condena a imponer.
"El se ha reconocido culpable, ha reconocido que se acostó con el interno, pero lo hizo porque se enamoró de él y no pudo evitarlo", señaló su abogado, el letrado cacereño Angel Luis Aparicio. "Y como reconoce los hechos y está dispuesto a asumir la pena que se le imponga", añadió, "prefiere llegar a una conformidad y que no se celebre la vista". De hecho, hizo constar el abogado, "él está dispuesto a ingresar en prisión hoy mismo".
Carlos Alfonso S. evitó un juicio público, evitó tener que responder ante los presentes en la Sala a las preguntas que le formulase la fiscal encargada del caso y su abogado, las declaraciones de los testigos, los informes de los peritos..., pero no su presencia en la Sala para ante los magistrados de la Audiencia, la fiscal y su abogado reconocer los hechos y aceptar la condena.
A ella llegó, acompañado de un empleado del despacho de su abogado, intentando ocultar su rostro con gafas de sol oscuras y levantándose el cuello de la cazadora, cerca de las 12.30 horas, y apenas media hora después concluía la vista. A él se le permitió salir por una puerta interior de la Sala y por los aparcamientos del Palacio de Justicia a la calle, evitando así encontrarse de nuevo con las cámaras.
Y mientras él se marchaba su abogado informaba de la condena finalmente impuesta. Además de los ocho años y medio de prisión, también una pena de 10 años de alejamiento de su víctima, a contar estos una vez cumplida la de prisión; y el pago de una indemnización de 30.000 euros al joven del que abusó por los daños morales causados al mismo.
DURANTE 6 MESES La víctima de este exreligioso tenía 23 años cuando ocurrieron los hechos y llevaba tan solo tres meses en la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, centro destinado a ancianos y personas con discapacidad o necesidad en la que el exreligioso condenado prestaba sus servicios como cuidador.
Precisamente "prevaliéndose de la superioridad que le otorgaba su condición de hermano de la congregación y su puesto como cuidador", relata la fiscal sobre los hechos en su escrito de acusación, "mantuvo con una frecuencia casi diaria relaciones no consentidas con un interno de 23 años". Un interno, se añade, que sufre un retraso mental leve, "con trastornos de conducta que le determinan claras dificultades en la capacidad de discernimiento, poder razonador y juicio crítico, que tiene reconocida una minusvalía psíquica del 72% y que fue judicialmente incapacitado en el año 2006".
Y también se hace constar que los abusos a los que el exreligioso sometió al joven provocaron en este "un estado de gran nerviosismo y ansiedad, que determinó algunas fugas del centro", llegando en una de ellas incluso "a intentar suicidarse mediante la ingestión de pastillas", lo que hizo que tuviera que estar ingresado durante 15 días en el psiquiátrico de Plasencia. Y además, "a consecuencia de la vivencia de aquellos abusos, se ha producido un agravamiento de su sintomatología previa".
El Gobierno autonómico parece dispuesto a acabar la próxima semana con la larga sombra de incertidumbre que envuelve al Festival de Mérida. El miércoles al mediodía tiene convocado el consejo rector, el órgano que debe certificar lo que se aventura como un giro en la gestión de la principal cita sociocultural de Extremadura. A día de hoy, el Ejecutivo de Monago considera que la privatización del Festival es la mejor fórmula, por lo que es posible que en cinco días se anuncie la productora de teatro que asuma la programación y el presupuesto para esta edición y seguramente las siguientes. Pentación y Grupo Smedia, ambas radicadas en Madrid, son dos de los candidatas para tomar el relevo a Blanca Portillo y a la gestión pública del certamen.
Jesús Cimarro, empresario teatral, estuvo en Mérida hablando con representantes de la Consejería de Educación y Cultura durante el pasado mes de octubre. Es el cabeza visible de Pentación Espectáculos, junto a Focus de Barcelona, el referente en España de gestión teatral privada.
Referencias
Pentación fue creada en 1988 por, entre otros profesionales del teatro, José María Alonso de Santos, 'El Brujo' y el propio Cimarro, su director gerente. Desde esa fecha ha producido más de 100 iniciativas teatrales. Aparte de La Latina gestiona el Teatro de Bellas Artes. HOY ha contactado con la productora para conocer sus impresiones sobre una posible gestión del Festival emeritense pero un portavoz ha indicado que «todavía no es el momento de hacer declaraciones».
Otro de los nombres que suenan, aunque su protagonista se apresuró ayer a desmentirlo, es el de Enrique Salaberría, responsable del Grupo Smedia, que gestiona el mayor número de teatros de Madrid. Son el Alcázar, Infanta Isabel, Gran Vía y Fígaro. Entre los cuatro tienen unas 3.300 butacas, ligeramente superior al aforo que tiene el Teatro Romano de la capital extremeña.
Bilbaíno afincado en Madrid desde su juventud, ha comentado en entrevistas que el teatro público «es una gran mentira» o «el causante del genocidio cultural de Madrid». Salaberría, según han comentado a este diario profesionales del teatro con relación con la empresa, asegura «no saber nada» de la posibilidad de encargarse del Festival.
Si la Junta opta por la privatización del certamen sería la segunda vez que ocurriese en su extensa trayectoria. La diferencia es que la primera vez fue una sociedad extremeña la que se encargó de su gestión. Sucedió de 1993 a 1999.
En 1992, el Festival no sabía qué camino seguir y la economía apretaba. La última etapa había evidenciado una caída considerable de espectadores y el eterno debate entre montajes clásicos y contemporáneos rebrotó. Manuel Canseco acababa de dimitir como director y el Patronato entregó la organización de la cita a una empresa privada, supervisada eso sí desde el órgano rector. Espectáculos Ibéricos, con el cuarteto formado por los hermanos Galán (Damián y Guillermo, primos por cierto de la consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales), Carlos Tristancho y Francisco Suárez. Este último fue la cabeza visible del Festival de 1993 a 1999.
Se recuperó notablemente la presencia de público, especialmente hasta 1996, aunque la calidad de las obras no caminara por la misma senda. Quienes conocen bien la etapa de Espectáculos Ibéricos sostienen que, mirando solo a la caja, las cuentas cuadraron. Es más, fueron lustrosas. Otro asunto es que lo que se perdió en cuanto a la llamada esencia grecolatina.
El consejo rector, aparte del modelo de gestión, debería aprobar la programación de este verano. En círculos culturales y hosteleros de la ciudad se da por seguro que incluirá un recorte de funciones. El año pasado fueron 41, un mes y veinte días aproximadamente.
Primero, los bancos. Y, después, las nóminas. En caso de estrecheces, los proveedores tendrán que seguir esperando. Y el pago de subvenciones quedará para el final. La Junta de Gobierno local aprobó ayer unos criterios de prioridad para hacer frente a sus pagos con el objetivo de garantizar la liquidez suficiente para las cuestiones más necesarias.
La ley obliga a los ayuntamientos a acomodar sus órdenes de pago al llamado Plan de Disposición de Fondos de Tesorería. En los casos en que la disponibilidad de dinero no permita atender todas las obligaciones reconocidas, se deberá atender al orden establecido en este documento. No es más que un requisito legal, pero ante la situación de las arcas municipales supondrá una guía para indicar la preferencia de unos pagos sobre otros. Y las nóminas ya no tienen la prioridad.
El Ayuntamiento adopta así lo recogido en la reciente reforma del artículo 135 de la Constitución, en el que se establece que «los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta». Traducido: el dinero debe destinarse en primer lugar a pagar deuda con entidades financieras.
Para ello, se ha aprobado el Plan de Disposición de Fondos, un instrumento de planificación de la Tesorería municipal que tiene carácter obligatorio. En caso de que las disponibilidades de tesorería no permitan hacer frente a todas las obligaciones tendrán preferencia los pagos correspondientes a amortización e intereses de los créditos con bancos y cajas. En segundo lugar se atenderá al capítulo de personal, excepto las cuotas, prestaciones y gastos sociales, que se pagarían en tercer lugar. De esa forma, en caso de que sea necesario se dejaría de pagar a la Seguridad Social para poder abonar los sueldos de los empleados municipales.
En cuarta posición se sitúan los pagos derivados de liquidaciones en concepto de impuestos retenidos a los perceptores de rentas abonadas por la Corporación, en especial el IRPF. A continuación se sitúan los anticipos de nóminas, y después los gastos derivados del funcionamiento de servicios públicos (como alumbrado y recogida de basuras). En séptimo lugar se encuentran las obligaciones con proveedores contraídas en ejercicios anteriores, y en octavo los pagos correspondientes a gastos con financiación afectada (como la Escuela Taller).
El noveno punto hace referencia a subvenciones finalistas, en las que primero el Ayuntamiento debe asumir el pago y después reclamar la ayuda (caso de las actuaciones del Plan Urban). En décimo lugar se encuentran las liquidaciones del IVA, en undécima posición los depósitos para dar cumplimiento a sentencias firmes (aunque en estos casos depende del juez), en duodécima las asistencias técnicas con carácter periódico y en decimotercera los alquileres y seguros. Los tres últimos puntos del orden de preferencia son las subvenciones nominativas recogidas en el Presupuesto (Semana Santa, premios de Carnaval, ayudas a asociaciones, etc.), los pagos por cancelación de fianzas y depósitos constituidos por terceros ante la administración y, para finalizar, el resto de obligaciones reconocidas contraídas en el ejercicio corriente.
Fechas de pago
El Plan de Disposición de Fondos establece que la Tesorería realizará los pagos los martes de cada semana, salvo casos puntuales, con el objetivo de ordenar su actividad.
Quedará fuera de esta norma el pago de las nóminas, que tendrá lugar los días 26 o 27 de cada mes «salvo que la liquidez de la tesorería no lo permita». También se abonarán las cuotas de los seguros sociales en los vencimientos establecidos en sus normas reguladoras. Asimismo, los pagos por retenciones practicadas en nómina, excepto el IRPF y la Seguridad Social, se pagarán a la semana siguiente a dicha retención.
También se aprueba que, «a fin de no provocar graves trastornos a la prestación ordinaria de servicios públicos esenciales, podrán prorratearse las disponibilidades existentes entre los niveles de prioridad noveno a decimosexto», que por tanto serán los puntos con más problemas de cobro.
Este plan entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
