Extremadura suspende en el desarrollo de su sistema de servicios sociales en uno de los momentos más duros de la historia reciente para muchas familias. Además lo hace con alevosía porque el 4,2 que obtiene como calificación, según un estudio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, choca con el grado de 'excelencia' que logra cuando lo que se analiza es el dinero que se le dedica al asunto en la comunidad autónoma.
No en vano el caso extremeño pone en evidencia, según el estudio, que no por gastar más se logra un resultado más eficiente si la inversión no está bien gestionada.
Así, al analizar algunos de los indicadores que miden la relevancia económica que la región le da a los servicios sociales, el resultado es un 2,9 sobre 3. Su gasto por habitante en esta materia es de 353,7 euros, frente a los 280 de la media estatal. Su porcentaje de PIB destinado a este fin es 2,19% frente al 1,25% de la media y el porcentaje sobre el total de gasto de la comunidad es de 8,21% en comparación con el 6,93% del país.
Por ello resulta más chocante que en contrapartida, en materia de derechos y decisión política, el estudio ponga en evidencia de en Extremadura falta un marco normativo que garantice los derechos de los ciudadanos en materia de servicios sociales. Además, «carece de instrumentos de planificación y ordenación del sector y no ha sido capaz de integrar eficazmente la protección a la Dependencia, cuarto pilar del estado del bienestar», denuncian los autores: Gustavo A. García Herrero y José Manuel Ramírez Navarro. En su informe solo destacan tres logros de los servicios sociales extremeños: el de la ayuda a domicilio (lo reciben 9,9 de cada 100 personas mayores de 65 años, frente a los 4,69 de la media estatal). También sobresale la región en el número de plazas residenciales para personas mayores de 65 (5,4 por cada 100, frente a las 4,3 de España). Asimismo, está por encima de la media (1,59%) la cobertura de la protección a la dependencia en Extremadura (1,68%).
Son aspectos positivos que se ven empañados, sin embargo, por otros como el llamado 'limbo de la dependencia', ya que el análisis pone de manifiesto que a finales de 2011 casi una de cada tres personas -32,3% - con dictamen que les da derecho a una prestación o servicio en el Sistema de Atención a la Dependencia, no lo tiene prescrito.
Tampoco la dotación de sus estructuras básicas de servicios sociales y comarcales son suficientes. Y las coberturas de rentas mínimas de inserción son tan escasas que un ciudadano extremeño tiene la mitad de posibilidades que en el resto del estado de recibirlas (solo se benefician de ellas uno de cada 284,3 habitantes frente a los 147,6 de la media estatal).
Son mejorables también los porcentajes de acogimientos familiares de menores (55,2% en la región frente a los 63,5 de España). Y las plazas de alojamientos para personas sin hogar, (16,7 por cada 100.000 habitantes, son prácticamente la mitad de la media, 34,5). De hecho, es la comunidad con menor cobertura de toda España.
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