María José Esteso Poves (Redacción)
Martes 9 de noviembre de 2010. Número 136
Además, los abonos y pesticidas empleados contaminan los acuíferos. Ahora que con la crisis se venden un 30 % menos de viviendas y los promotores no pueden mantener los campos de golf, estos empiezan a pedir que los ayuntamientos se encarguen de este deporte. Pretenden socializar pérdidas de un negocio privado.
- Foto David Fernández
Un campo de golf de 18 hoyos y 60 hectáreas consume 1.500.000 litros de agua al día. En el Estado español hay 417 recintos para este deporte, según datos de la Federación Española de Golf. Hasta ahora los “pelotazos urbanísticos” y la construcción de estos centros estaban asociados: en los últimos 10 años se han construido 112 campos, el 90% promovidos por inmobiliarias. A causa de la crisis las viviendas no se venden y la construcción de campos de golf se ha parado, como demuestra el hecho de que más de 150 nuevos proyectos programados en los últimos dos años no se han ejecutado.
El negocio del golf es insostenible. Se esquilma un recurso escaso como es el agua en beneficio de un negocio privado de unos pocos. Según Ecologistas en Acción, en un año el consumo medio de agua de un campo de golf de 18 hoyos y 60 hectáreas (has.) es de 10.000 metros cúbicos de agua por hectárea, es decir 18 hectómetros cúbicos (cifra que se multiplica por dos en Andalucía). Este volumen equivale al consumo anual de una ciudad de entre 150.000 y 200.000 habitantes. Los recorridos y el número de hoyos marcan el atractivo del campo: si tiene 18 se necesitan como mínimo 50 hectáreas de terreno. Pero también los hay de 9, 27, 36, 54 y 60 hoyos. Además, el campo de golf necesita un green de unos 800 m2 por hoyo.
Ocupación del territorio
En zonas urbanizadas es imposible conseguir esa cantidad de terreno, por eso se ocupan terrenos no urbanizables y áreas próximas a espacios naturales, que se privatizan. De paso, se recalifican los terrenos y se construyen urbanizaciones asociadas al golf.
Agotados los terrenos próximos a la costa, el golf se ha comprado terrenos de usos agrícolas y forestales. Esta ocupación del terreno para el sector del ocio privado de una élite ha ido en detrimento del sector primario, la producción de alimentos.
Entre 2000 y 2010, años de creciente sequía, se construyeron más de 120 campos de golf, mientras la administración llevaba a cabo campañas que pedían cerrar el grifo. De los 417 campos de golf del Estado español, 102 se han construido en Andalucía y es la provincia de Málaga donde más campos hay, más de 50, la mayoría asociados a urbanizaciones de Marbella y Mijas. Por comunidades le siguen Cataluña, con 46, Castilla y León 37, País Valenciá 37, Galicia 33, Madrid 32, Canarias 23, Baleares 21 y Murcia con 18, entre otras. Por provincias el listado lo encabeza Madrid, Barcelona, Málaga, Murcia y Alicante en quinto lugar.
Los alcaldes defienden los proyectos de las constructoras con la excusa del empleo, aunque un campo de golf sólo necesita una plantilla de 36 personas. Pero el verdadero negocio está en las viviendas asociadas, que se revalorizan entre un 50% y 30% más, según estén o no en primera línea del campo. No son viviendas de primera ocupación, son adquiridas por inversores y por familias de clase media que las usan como segunda residencia.
Esta depredación del territorio de un negocio privado con recursos públicos tiene otras consecuencias graves como la contaminación del subsuelo. Los campos de golf necesitan gran cantidad de abonos y fitosanitarios que van a parar a los acuiferos.
Agua potable
El riego de los campos de golf, en teoría, debe ser con agua depurada, pero eso no se cumple. Debido a la alta salinidad de éstas, en la mayoría de los casos suele mezclarse al 50% con agua potable. En otros casos, como en el campo de El Encin, en Madrid, se riega directamente con agua que se extrae de pozos. Además, muchas de las urbanizaciones y campos de golf no tienen plantas depuradoras, y son los ayuntamientos, con fondos públicos, quienes reciclan y trasladan el agua a los campos de golf. En Málaga, Izquierda Unida pidió a la Junta de Andalucía que no se utilizaran las depuradoras públicas para producir agua para estos espacios privados.
“Los golfistas se aburren”
El golf es un deporte que practica el 0,67% de la población, según datos federativos En el Estado español están federadas cerca de 350.000 personas, de las cuales la mayoría son turistas que vienen a jugar aprovechando el buen tiempo. Para poder jugar al golf es necesario estar federado y pagar bastante dinero. Por ejemplo, para ser socio del campo de golf de la Moraleja (urbanización de lujo próxima a Madrid) había que pagar 6.000 euros hasta finales de los ‘90. Ahora se pagan 75.000 al año.
Este deporte se dirige principalmente a quienes se define como “jugadores de alto nivel adquisitivo a los que les gusta viajar por todo el mundo para descubrir nuevos campos de golf”, según el informe realizado por Francisco Aymerich, gestor de campos de golf. Estos turistas generan cuatro veces más ingresos que un turista normal, y el doble que un golfista del Estado español. Según el informe “al golfista le aburre jugar en el mismo campo”.
La creación de nuevos campos, con green y recorridos diferentes, es un incentivo que atrae a estos viajeros ricos. Y en esa fiebre de nuevos campos el Estado español ocupa los primeros puestos. Es el primer destino de los golfistas de Europa, que provienen de Alemania, Inglaterra y Noruega, y el segundo destino del mundo, tras EE UU.
Pero con la crisis eso se viene abajo. El número de reservas por turistas del golf en la Costa del Sol descendió en 2009 un 37% respecto al año anterior. Mientras, los empresarios del golf se empeñan en justificar el negocio intentando que calen mensajes como que el negocio del golf es “una industria”, “generador de riqueza”, o “motor de desarrollo…”. Este mensaje ha calado en la Junta de Andalucía, que ha aprobado un decreto que potencia los campos de golf considerados ya un bien de interés turístico.
Según el informe Aymerich, sólo en 2006 el golf movió más de 2.673 millones de euros, incluidos, entre otros, los ingresos por el turismo del golf y viviendas. El informe de Francisco Aymerich defiende el golf desde el punto de vista económico, pero pasa por alto el aspecto ambiental.
Aymerich Golf, gestora de campos, quebró este año. Su dueño argumenta que “el golf ha estado colgado de la actividad inmobiliaria, ofreciendo un atractivo especial: aumentaba el valor de las casas. Este modelo se ha derrumbado y no se venden ni se van a vender casas a un volumen necesario para hacer nuevos campos de golf”. El 90% de los campos de golf son privados promovidos por inmobiliarias o grandes empresas del turismo, sólo un 9,1% son ‘públicos’, construidos con fondos de la Administración pero gestionados casi todos por empresas privadas.
Promotoras e inmobiliarias enriquecidas al calor del negocio del golf han empezado a reclamar la intervención de ayuntamientos y comunidades autónomas para socializar pérdidas. Si las viviendas no se venden, no se puede mantener el campo de golf, que, como admiten ahora los promotores, son insostenibles. José Pons, de la constructora Medogroup, señala que “el negocio de inventarse un campo de golf, poner cuatro casas y largarse está agotado”. El director de la Organización Mundial del Turismo, Francesco Frangialli, ya advertía en 2007 que este tipo de residencias que acompañan a los campos de golf, “son instalaciones que consumen mucho agua, bien que escasea cada vez más por el calentamiento global que lleva a la desertificación de algunas regiones españolas”. En la revista Hosteltour, una de las publicaciones del negocio hotelero, se dice abiertamente que este tipo de “proyectos son insostenibles”.
Por su parte, la Real Federación de Golf de España se congratula del aumento de “campos de golf de caracter público y popular que completan poco a poco la cada vez más extensa red de instalaciones de carácter público”, según señalaban en un comunicado de enero de 2010. Desde que empezó la crisis la federación insiste en que “el golf se ha popularizado y ya no se puede hablar de un deporte elitista”. En esta línea va la política de construcción de campos de golf de Esperanza Aguirre. En la Comunidad de Madrid hay previstos 28 campos de golf, la mayoría considerados públicos porque se harán en terrenos públicos, incluso en zonas protegidas, pero serán de gestión privada.
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