#Rajoy: más ladrillo y menos #Kioto. Una bomba contra el medio ambiente y el futuro del pais. #PP

Por Ernesto Gutiérrez - Redacción Canarias Semanal

   

        En España, el discurso sobre la necesidad de diversificar de la economía  y potenciar la Investigación y el Desarrollo no ha pasado de ser una suerte de mantra, repetido en cada cita electoral para tratar de captar algún puñado de votos. Algo similar podría decirse de lasupuesta  preocupación de los partidos institucionales  por el Medio Ambiente y los efectos de la actividad económica sobre el mismo. Solamente el desplome industrial provocado por la Crisis  fue capaz de conseguir que en 2010, por primera vez, el Estado español cumpliera las -insuficientes- limitaciones a la emisión de gases de efecto invernadero fijadas por el Protocolo de Kioto.

    El Ejecutivo Zapatero se caracterizó, pese a todo, por su intento de presentarse ante la opinión pública con un rostro "ecologista", que tendría una nula o escasa traducción práctica. El gobierno del Partido Popular, en cambio, carece de complejos también en este terreno. El PP no tiene que lanzar “guiños a un segmento del electorado concienciado de la crisis ecológica, como se ven obligados a hacer los socialdemócratas. No se esfuerza lo más mínimo, por tanto, en ocultar sus intenciones y ya puesto  en marcha su propia contrarreforma medioambiental.

GOLPE MORTAL A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

     En el año 2010 la Agencia Internacional de la Energía advertía de que cuatro años antes se había superado el  llamado "pico del petróleo".  Es decir, el punto a partir del cual ya no es posible aumentar la producción mundial de crudo al ritmo que requiere una oferta que no deja de crecer. En febrero, ese hidrocarburo alcanzaba su precio máximo desde mayo de 2011, debido al anuncio del embargo comercial a Irán y el impacto en los países más desarrollados del invierno siberiano. Pero estos conflictos por el control del petróleo son solamente una de las manifestaciones de la escasez relativa de esa fuente de energía esencial. El futuro inmediato de escasez de crudo - con el consiguiente y continuado aumento de su precio - constituye hoy uno de los retos fundamentales para la economía de cualquier país.  Sin embargo, siguiendo una política dictada por las grandes eléctricas españolas una de las primeras medidas adoptadas por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria,  tras tomar posesión de su cargo, fue la supresión de las primas para el desarrollo de las energías renovables. 

     Las primas a las renovables se introdujeron en 1997 con el objetivo de incrementar el peso en el mix energético de aquellas fuentes que se obtienen de recursos naturales abundantes o inagotables y no producen residuos contaminantes, como pueden ser la eólica, la solar, o la hidroeléctrica.  El objetivo de esta inversión estatal era potenciar el desarrollo de las tecnologías que permitan disminuir progresivamente el coste de generación de las energía limpias. "La medida anunciada por Soria - apunta el investigador del Observatorio Crítico de la Energía Cristóbal J. Gallego -supone lanzar la señal de que nuestro desarrollo industrial y líneas de investigación no van a ir por ese camino".   

     La supeditación de la política española a los intereses de  multinacional como Iberdrola, Gas Natural  Endesa o Repsol, pues, no solo acrecienta la dependencia energética del país, sino que lo sitúa ante un incierto panorama en un futuro cada vez más cercano.

ARIAS CAÑETE. UN NUEVO IMPULSO SUICIDA A LA ECONOMÍA DEL LADRILLO

     Pero si el ministro Soria no tardó ni un sólo día en anunciar su total apoyo al lobby pronuclear, las prospecciones de Respol YPF en Canarias o la introducción del Gas Natural como "alternativa" energética, su compañero de Gabinete Miguel Arias Cañete no le fue a la zaga. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente compareció el pasado 1 de febrero para presentar las "66 propuestas" que pretende aplicar durante esta legislatura. Sus palabras provocaron una auténtica conmoción entre los colectivos ecologistas.

     Y no fue para menos. El ministro Cañete adelantó que su Ejecutivo dará  una nueva vuelta de tuerca a la economía del ladrillo, impulsando la construcción de nuevas megainfraestructuras. Cañete anunció, igualmente,  la puesta en cuarentena de la Ley de Costas de 1988 y su intención de priorizar la recuperación económica por encima del cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero asumidos en Kyoto. Paco Segura - coordinador de Ecologistas en Acción - resumía esta políticas del Ejecutivo ultraconservador como "una dramática vuelta al pasado" en materia medioambiental.

     Entre las 66 medidas presentadas por su ministerio, Arias Cañete advirtió que se"simplificarán los trámites ambientales" en los estudios  necesarios para llevar a cabo cualquier obra pública o privada.  De acuerdo al discurso ultraliberal del Gobierno se trataría así de "eliminar la  burocracia ambiental". Es decir, que se suprimirán las “trabas” que pudiera impedir cualquier obra por su impacto medioambiental. La legislación determina que cualquier proyecto constructivo debe superar un  procedimiento que determine si  es compatible o no con el entorno. Esta legislación ha sido sistemáticamente incumplida en el Estado español, especialmente durante los años del desenfreno desarrollista. El Ejecutivo Rajoy, no obstante, parece dispuesto a suprimir los “incómodos” formalismos legales para intentar insuflar nuevos aires al modelo, incluso después de que colapsase tras el estallido de la  burbuja inmobiliaria.

MÁS INGRESOS PARA LOS FABRICANTES DE COCHES 

     El pasado 9 de febrero, la ministra de Fomento Ana Pastor también hacía público  el nuevo Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno. Totalmente ajenos a la necesidad de fomentar el transporte colectivo en las ciudades, el plan presentado por Pastor está elaborador a la medida de los fabricantes de automóviles.  En los próximos 12 años está prevista la construcción de  más de 3.500 km de vías de alta capacidad -autovías- sufragadas con 18.668 millones de euros.  Otros 25.000 millones se destinarán a líneas ferroviarias de Alta Velocidad, como las proyectadas para las islas de Gran Canaria y Tenerife.

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