El curso empieza con 6.400 docentes menos.

Andrés Muñoz Rico/ Madrid

Miércoles 20 de octubre de 2010.  Número 135

Este curso 2010/2011 viene cargado de tijeretazos en materia de contratación del profesorado [ver situación de la Comunidad de Madrid en la siguiente página], mantenimiento y mejora de las instalaciones, y principalmente en la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales y al tratamiento de la diversidad en la escuela.

Según datos del propio Ministerio de Educación, este año se han incorporado a las aulas 7.747.253 estudiantes, 140.736 más que el curso anterior, lo que representa un aumento del 1,9%. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha dado a conocer recientemente para 2011 reducen la dotación económica de educación en un 8,1%, lo que significa un retroceso a los niveles inferiores a los establecidos en 2008. Esta senda de poda económica se ha seguido en prácticamente todas las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias y por tanto quienes deben realizar las mayores inversiones.

Debido al desfase temporal en la publicación de datos estadísticos y a la intencionada ocultación de estas cifras por las administraciones públicas, resulta imposible estimar la reducción del gasto público en educación en el conjunto del Estado durante los últimos dos años. Lo que sí puede establecerse es que la inversión en educación decrece continuamente, frente al también constante aumento de estudiantes. Como ejemplo, las principales centrales sindicales yla Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos denuncian que para este curso habrá 6.400 docentes menos en enseñanzas no universitarias, tan sólo en las comunidades de Madrid, Valencia, Canarias, Cataluña y Galicia.

Más estudiantes por aula

Esta reducción del profesorado, que se suma a la ya sufrida durante el curso pasado, junto al crecimiento del alumnado, conlleva el aumento de los ratios alumnosprofesor y del número de estudiantes por clase. Dos datos que tienen consecuencias negativas directas en el rendimiento académico y que, por tanto, contribuyen a que España aumente sus ya elevados índices de fracaso escolar.

Por otro lado, estos recortes se agravan en ámbitos especialmente sensibles de las escuelas y cuyos efectos se ceban en sectores sociales en riesgo de exclusión o que presentan necesidades educativas especiales:

Reducción de los Programas de Educación Compensatoria en primaria y secundaria. Dirigidos a estudiantes de minorías étnicas o culturales en situación de desventaja socioeducativa, o que pertenecen a otros colectivos socialmente desfavorecidos; a alumnos-as que se incorporan tarde al sistema educativo o sufren escolarización irregular; y a alumnos-as inmigrantes o refugiados, que presentan desconocimiento de la lengua.

Supresión de las Aulas de Enlace en primaria y secundaria. Estos espacios están dirigidos a dos perfiles de estudiantes: colectivo estudiantil con necesidad de aprendizaje del español como lengua vehicular y estudiantes con un grave desfase curricular como consecuencia de una escolarización irregular en el país de origen.

Reducción de los Programas de Diversificación Curricular en el 2º ciclo de la ESO. Concebidos para alumnado de 3º y 4º que presenten dificultades generalizadas de aprendizaje y que tienen riesgo evidente de no obtener el título de la ESO si siguen el currículo ordinario, además de aquellos otros que, una vez cursado segundo, no están en condiciones de promocionar a tercero y han repetido ya una vez en la etapa.

Recortes y externalización en los Equipos de Orientación en primaria y secundaria. Están compuestos por profesionales cuyo objetivo es la prevención de dificultades del aprendizaje y la atención a la diversidad. Sus tareas consisten en la evaluación y diagnóstico del alumnado con necesidades educativas especiales, por parte de especialistas en psicopedagogía, y en tareas de adaptación curricular y de acceso que éstos estudiantes puedan precisar, a cargo de especialistas en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje, con el fin último de su integración en el centro.

Todas estas medidas, que bordean la legalidad de la normativa escolar, infringen flagrantemente el derecho a la educación, recogido en la Declaración Universal y la Convención sobre los derechos del niño, ambos tratados ratificados por el Estado español. Este derecho no supone únicamente recibir educación gratuita en los niveles de enseñanza primaria y secundaria, sino que contempla otros que están siendo vulnerados, como son los derechos a la inclusión educativa, a la no discriminación, a la igualdad de oportunidades y a la diferencia, entre otros.

¿Ayudas sociales?
Sin lugar a dudas, muchas conquistas sociales se están quedando en el camino durante esta larga crisis, que comenzó con la caída de la burbuja financiera internacional y que se encuentra actualmente en planes estatales y autonómicos de recorte presupuestario, con consecuencias dramáticas en ámbitos como la educación. Como muestra, un dato más: según estima la Asociación Española de Banca, la ayuda pública aprobada para el sistema financiero nacional desde 2008 asciende a 239.000 millones de euros, unas cinco veces el Gasto Publico en Educación estimado en elconjunto del Estado para todoel año 2010.

http://www.diagonalperiodico.net/El-curso-empieza-con-6-400.html