Las redadas y las brigadas vecinales de DD.HH.

Mientras que el ministro Rubalcaba –el hombre que pretende ser presidente sin cambiar ni negar un ápice la política que ha compartido con Zapatero— niega la mayor, en Madrid se siguen haciendo redadas discriminadas que pretenden equiparar a inmigrantes con delincuentes y que no se atienen a la legalidad vigente.

En barrios humildes como Lavapiés, Carabanchel, Vallecas, entre otros, se ha convertido en una costumbre cotidiana que la policía, en las plazas o en las estaciones de metro, se planten y hagan que los presentes con perfiles de inmigrantes (rasgos árabes, africanos o hispano-americanos), sólo ellos, enseñen la documentación y, a falta de ella o si no se prueba su estancia regular, les detengan y les lleven a comisaría.

A pesar de que el Ministerio del Interior lo niega, las mentiras de Rubalcaba quedan al descubierto por:

• El CERD (Comité para la eliminación de la discriminación racial de la ONU) que muestra su preocupación y ha pedido que se erradiquen estas prácticas.
• El SUP (Sindicato Unificado de Policía) que ha confirmado su preocupación por este tipo de detenciones que podría poner en peligro, por su ilegalidad, a los policías.
• Las denuncias de Amnistía Internacional.
• Las Brigadas Vecinales de Observación de DD.HH.
• Una intervención policial que yo mismo presencié en el metro de Pacífico, hace unos dos meses.

Las llamadas Brigadas Vecinales de Observación de DD.HH. tienen de vida un año y cuentan con unas cien personas de diferentes barrios de Madrid, cuyo objetivo es velar para que se cumplan los derechos humanos y denunciar los abusos que pudieran darse desde las instituciones públicas.

Pues bien estas Brigadas han denunciado y documentado durante este año, en Madrid, doscientos cincuenta intervenciones policiales con criterios étnicos o raciales. Sin embargo, según los propios brigadistas, cada vez se hace más difícil su trabajo, puesto que los funcionarios de policía ahora, no sólo piden identificación a los inmigrantes, sino que además dificultan la labor de los brigadistas acusándoles de “obstrucción policial”, cuando su única labor es documentar esas redadas ilegales con el fin de evitarlas.

Esta es la forma de mantener la ilegalidad que tiene el Ministerio del Interior. Hasta ahora este colectivo vecinal acumula 3700 euros de multas y trece de sus componentes se encuentran encausados como si fueran delincuentes. Está claro que se trata de intimidar y deshacerse de quienes pueden acusarles de actuaciones ilegales.

Con el fin de terminar con esta persecución, estas Brigadas han recabado la adhesión a su labor de ochenta ONG, y han mantenido conversaciones con el Defensor del Pueblo. Ahora se disponen a publicar, en breve, toda la documentación de esas doscientas cincuenta redadas que han constatado.

Veremos que dice “el bueno de Rubalcaba” cuando las pruebas documentales se hagan públicas.

Sin duda, se trata de otra indignidad que sufren los más desfavorecidos por parte de un gobierno que dícese progresista y que sigue la pauta de ese neoliberalismo que genera entre otras vergüenzas, una xenofobia extrema.

Salud y República