En marzo un juzgado de Villanueva de la Serena archivó el caso y a finales de septiembre la Audiencia Provincial con sede en Mérida lo ha reabierto. Manuel Sánchez Custodio, alcalde de Navalvillar de Pela (PP), está imputado por haber cobrado presuntamente de forma ilícita diversas retribuciones desde su nombramiento como primer edil en 2007 hasta 2009 mientras cobraba a la vez su pensión como exfuncionario de Correos. La denuncia, presentada por el grupo municipal socialista peleño, sigue su curso y al alcalde se le imputan un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos.
La Audiencia Provincial, en un auto fechado el 21 de septiembre, entiende que los hechos denunciados, «al menos indiciariamente, pudieran ser constitutivos de un ilícito penal», por lo que ordena que siga la fase de diligencias y reclama la entrega de informes, certificados y copias testimoniales a distintas administraciones, entre ellas el Consistorio y la Seguridad Social.
El PSOE local denunció el 3 de marzo que el alcalde habría cobrado de manera supuestamente ilegal dos tipos de retribuciones del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela durante la mitad de la pasada legislatura. El primero, un sueldo de 1.277 euros mensuales, a la vez que cobró su jubilación de 1.800 euros al mes, «algo que vulnera la ley 27/1984 de incompatibilidades que prohibe tener dos sueldos de la Administración».
El segundo cobro ilegal es por asistencias a plenos, comisiones de gobiernos y comisiones informativas «cuando mantenía una liberación parcial del 80%, algo que prohibe el artículo 75 la Ley de Bases del Régimen Local». El portavoz socialista de Pela, Francisco Javier Fernández, cifra en 45.700 euros los cobrados ilegalmente por Sánchez y pide que los devuelva. Mientras, el PSOE provincial reclama también su dimisión como primer edil «como han hecho otros imputados de su partido por delitos relacionados con malversación de caudales públicos».
Manuel Sánchez, reelegido en mayo con mayoría absoluta como alcalde, aprobó en julio la subida de 25 a 700 euros brutos por asistencia a juntas de gobierno. «No quiero renunciar a la jubilación (exjefe de oficina de Correos) pero tampoco puedo permitir que me cueste dinero la alcaldía. Cualquier regidor tiene que tener alguna remuneración por este trabajo. La forma legal de que pueda cobrar algo es poniendo esa cantidad en la junta de gobierno», afirmó entonces a HOY.
Sánchez añadió además que, con esa fórmula de sueldo a través de asistencias a comisiones, el Ayuntamiento todavía se ahorra casi 1.500 euros respecto a lo que cobraba el alcalde socialista en 2003.
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