La Defensoría del Pueblo y Women’s Link Worldwide abren este debate pendiente en la sociedad colombiana, y llaman la atención sobre la responsabilidad de las instituciones educativas y de las entidades encargadas de investigar y sancionar disciplinaria y penalmente los casos de abuso sexual en los centros educativos del país.
Con la intención de hacer de este tema una prioridad nacional, la Defensoría del Pueblo y Women’s Link Worldwide llevaron a cabo el Foro de discusión sobre la violencia sexual en instituciones educativas en Colombia: propuestas de acción para la prevención y el restablecimiento de derechos.
En el Foro se presentaron los resultados para Colombia de un informe llevado recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se analiza el fenómeno de la violencia sexual en las instituciones educativas en Bolivia, Ecuador, México y Colombia.
Como resultado de la presentación de la situación de violencia sexual que experimentan, principalmente niñas, en instituciones educativas de diversos países de la región, la Comisión instó a los “Estados a supervisar a las instituciones educativas a efecto de prevenir diligentemente violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y a garantizar que éstos puedan ser escuchados y tengan acceso a la justicia como cualquier persona mediante mecanismos efectivos que se adapten a sus necesidades”.
Entre los diferentes tipos de abuso se encuentra la violencia sexual institucional que incluye el acoso, las relaciones sexuales bajo coacción, el abuso sexual, y el chantaje sexual, además de la petición de favores sexuales a cambio de calificaciones escolares.
El género, la raza, la edad, la etnia, la ruralidad, la opción sexual, la existencia de alguna discapacidad o la situación de desplazamiento son factores de mayor vulnerabilidad.
El problema en Colombia, a través de las cifras
Si bien casi a diario los medios de comunicación de todo el país registran hechos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, son pocas las cifras oficiales que se conocen sobre este problema y menor aún la sanción penal, disciplinaria o social a este tipo de delitos.
Datos y estadísticas de Medicina Legal
En el año 2006 se practicaron 322 exámenes médico-legales sexológicos a niños, niñas y jóvenes (en promedio seis exámenes semanales) por presunto delito sexual ocurrido dentro de las instituciones educativas.
En 2009 se practicaron 489 exámenes por la misma razón, en promedio 9 semanales. De estos, 7 de cada 10 exámenes sexológicos fueron practicados a niñas y los 3 restantes, a niños.
Datos y estadísticas de la Procuraduría General de la Nación (PGN)
Entre enero de 2005 y junio de 2011, la PGN asumió 208 quejas disciplinarias por presuntos delitos sexuales perpetrados en los planteles educativos de carácter público.
En los últimos años, el número de denuncias conocidas por la Procuraduría en todo el territorio nacional han ido en aumento de la siguiente manera: 44 en 2008; 55 en 2009 y 62 en 2010.
Siete de cada diez quejas tienen como presunto victimario a un docente.
De las 208 quejas disciplinarias conocidas por la PGN, solamente se han resuelto 32 casos. Es decir, de cada 10 denuncias sólo se resuelven 1,5 casos.
Los departamentos en donde más casos se han denunciado ante la PGN son, en su orden: Santander (39), Antioquia (26) Cundinamarca (19), Tolima (14), Atlántico (12), Risaralda (11) y Bogotá (11).
Factores de riesgo que favorecen la violencia sexual en las instituciones educativas
El informe regional presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encuentra preocupante la sistematicidad de los hechos, las tendencias deficientes en el manejo de las denuncias-
y los patrones de encubrimiento y tolerancia en todos los países estudiados, que dan lugar a una serie de factores de riesgo que se reproducen en Colombia y permiten la repetición de los hechos sexuales abusivos en las escuelas:
1. Cultura de tolerancia del abuso sexual y normalización de relaciones abusivas entre alumnas/os y docentes o directivos.
El tipo de relaciones que se crean en los planteles supone altos niveles de cercanía, confianza e intimidad que pueden dar pie a que el personal escolar, utilizando su posición de poder, cometa un acto sexual abusivo, sin que el hecho sea visto como un episodio de abuso por parte de los menores ni de sus representantes.
Esto es posible ya que se parte del supuesto erróneo de que cualquier acto abusivo hace parte del proceso de formación y del estereotipo de la incapacidad del menor de denunciar un episodio de este tipo en un contexto de protección institucional.
2. Encubrimiento para no poner en riesgo el prestigio: las instituciones educativas prefieren encubrir casos de abuso sexual para evitar escándalos que afecten su prestigio, sin importar el riesgo que esto implica para otros estudiantes del plantel.
3. Falta de interés y prioridad en la investigación y sanción de este tipo de conductas por parte de las instituciones que tienen a su cargo la investigación disciplinaria de los hechos, cuando el maestro, auxiliar administrativo, bibliotecario o directivo es un funcionario público. (Ver cifras de la Procuraduría General de la Nación).
4. Falta de coordinación y cooperación entre las instituciones educativas y las autoridades disciplinarias y judiciales que resulta en una impunidad rampante, que a su vez refleja el poco interés de proteger a los niños, niñas y jóvenes de la violencia sexual de la que son víctimas precisamente en los lugares encargados de formarlos para la vida en sociedad.
“Es inadmisible que la escuela se convierta en un lugar amenazante para los menores de edad y que las violaciones a sus derechos humanos no se traten con la debida diligencia en las instancias disciplinarias y penales.
El Estado no está cumpliendo con su deber de proteger a los niños, niñas y jóvenes”, asegura Katherine Romero, abogada de Women’s Link Worldwide.
Entre tanto, Mónica Roa, directora de programas de Women’s Link se pregunta “¿por qué en Colombia y en general en Latinoamérica, la violencia sexual en instituciones educativas tanto religiosas y laicas, como públicas y privadas no genera los escándalos y responsabilidades que sí se han dado en otros lugares del mundo?”.
Por su parte el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, señaló que se precisan acciones de prevención eficaces por parte de las entidades responsables, para identificar los factores de riesgo y promover una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos en las instituciones educativas.
“Las situaciones de omisión de denuncia y de negligencia en la investigación de los hechos, debe enfrentarse con el fin de que la violencia sexual en centros educativos sea investigada y sancionada con celeridad y eficacia.
Este foro es una evidencia del compromiso de la Defensoría del Pueblo para promover compromisos institucionales y para intensificar el seguimiento sobre esta situación", concluyó Volmar Pérez.
http://notimundo2.blogspot.com/2011/12/violencia-sexual-en-instituciones.html
http://generoconclase.blogspot.com/2011/12/violencia-sexual-en-instituciones.html
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