31 de mayo: Una cita de hierro frente al Congreso Nacional.
El sábado 28 de mayo es el Día Universal de Acción por la Salud de las Mujeres. Ése es el motivo por el cual nosotras y nosotros vamos a reunirnos el martes 31 desde las 18 para recordar que la sociedad argentina tiene una importante deuda que honrar. ¿Qué deuda? Pruebas al canto:
Cuando a Ana María Acevedo le diagnosticaron un cáncer de mandíbula, pensó que era joven, que la ciencia ofrecía estrategias confiables para su curación, y que por ella y por sus hijos tenía que luchar. A fines de 2006, al presentarse en el Hospital Iturraspe de Santa Fe para ser tratada, le informaron que estaba encienta de tres semanas, y que no era posible sostener a la vez la gestación y un tratamiento oncológico. Sin recursos para acudir a un consultorio privado, pidió al hospital público la interrupción de su incipiente embarazo. Pero por “convicciones, razones culturales y religiosas” el cuerpo médico y el comité de Bioética de aquel hospital sellaron su destino al negarle la prestación médica que necesitaba. Así, la condenaron a proseguir su embarazo sin aplicar tratamiento para el cáncer que padecía. ¿Hace falta agregar que, privada incluso de analgésicos que mitigaran sus dolores, la agonía de Ana María Acevedo fue lenta y cruel? En abril de 2007, al cumplirse 22 semanas de gestación, le realizan una cesárea. La niña no sobrevivió más de 24 horas, y el 17 de mayo, a los veinte años, Ana María murió.
Muertes que deberían ser vidas
Privada de los derechos de ser informada y elegir libremente cuándo ser madre o no (Ley 11.888), privada también de recibir educación sexual y decidir respecto de su vida sexual, de exigir que se aplique el método anticonceptivo que ella eligiera (Ley Provincial 12.323) y, finalmente, de su derecho a acceder a un aborto legal y seguro (Artículo 86 del Código Penal), Ana María dejó huérfanos a sus hijos, de 4, 2 y un año.
En 1987 Hafda T. Mahler, en la Conferencia Inaugural por una Maternidad sin Riesgo, en Nairobi, dijo: “La mortalidad materna ha sido una tragedia descuidada, y se ha descuidado porque las que sufren son personas ignoradas, con menos fuerza e influencia sobre cómo se emplean los recursos nacionales, son pobres y por encima de todo son mujeres”. Palabras que mantienen dolorosa vigencia.
Si bien parece muy antiguo el estigma religioso (y también social) sobre el aborto, no lo es tanto. Durante siglos, la Iglesia Católica permitió interrumpir la gestación hasta cumplirse el primer trimestre. En el siglo XIX, en coincidencia con el apogeo del capitalismo que hizo del patriarcado una de sus herramientas de dominación más eficaces, el fundamentalismo de la jerarquía eclesiástica comenzó a prohibirlo.
Al decidir no intervenir sobre el embarazo inviable de una paciente de cáncer, se ejerció sobre ella una violencia institucional propia de las dictaduras. Los objetores de conciencia dentro y fuera del ámbito de salud no pueden sustituir la opción personal de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, como tampoco forzarlas a continuar un embarazo no deseado. Más aun si estaba claramente encuadrado en la categoría legal de no punibles.
Elsa Schvartzman, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, habla de “muertes que deberían ser vidas. Muertes olvidadas, impronunciadas, inexistentes en la vida diaria de la mayoría de las otras mujeres y los otros varones. Muertes sin nombre pero que no pueden ser nombradas como tragedia sino como olvido”.
Cuerpos rigurosamente vigilados, derechos negados
El caso Acevedo es emblemático, pero no el único en alcanzar esa categoría. En 2006, LMR, de una localidad cercana a La Plata, a los 19 años y con una discapacidad mental que la hacía particularmente vulnerable, sufrió una violación. La Cámara de Apelaciones de aquella ciudad impidió la interrupción del embarazo, y un comité de Bioética del Hospital San Martín aconsejó en el mismo sentido. Una jueza de menores de La Plata y la Sala II de la Cámara I de Apelaciones en lo Civil de esa ciudad impidieron el aborto. Ya judicializado el caso de LMR, rodaban las semanas y la gestación proseguía, hasta que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ratificó el derecho constitucional de la joven, y dejó asentado que no es necesaria autorización judicial alguna cuando se trata de un embarazo producto de una violación sexual sobre una mujer con discapacidad mental.
La angustia y sufrimientos de la joven discapacitada no terminaron allí. Debido al estado público que el caso había alcanzado, no se encontraba disponible un profesional que se prestara a realizar el aborto, a pesar del dictamen favorable de la Suprema Cámara. El movimiento de mujeres no perdió un solo día en organizar una campaña nacional, en la que se comprometió un centenar de personas, hasta lograr que LMR fuera atendida en las condiciones más seguras e idóneas.
Las Católicas por el Derecho a Decidir (CCD) se preguntan:
¿Es la objeción de conciencia una “libertad básica”, un “derecho fundamental” que vale irrestricta y absolutamente? ¿Puede un derecho privado basado en creencias religiosas desobedecer normas institucionales que tienden a resguardar derechos individuales racionales y razonables?
Estos interrogantes tienen que ver con los casos elegidos como dolorosos ejemplos, y con la realidad probada de que hay muchos otros jefes de servicios y directores de hospitales que por ser objetores de conciencia a título personal, primero intentan disuadir a la mujer –que también puede ser una adolescente de 14 años– de renunciar a su derecho a interrumpir un embarazo no sólo no deseado, sino psicológicamente traumático. Si no lo consiguen, ponen obstáculos institucionales en las prácticas con las que no están de acuerdo. Pero tampoco se ocupan de derivar la atención de la paciente a otros profesionales que no van a negarse a realizar la práctica requerida.
Derechos Humanos, justicia y equidad
Los padecimientos de LMR conformaban un caso testigo que podría salvar a otras mujeres. En 2007, con el patrocinio de CLADEM Argentina (Programa de Monitoreo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), INSGENAR (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo), y CDD (Católicas por el Derecho a Decidir) Argentina, se presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una demanda por violación a los Derechos Humanos de LMR, por haber estado su caso previsto en el Art. 86, inc. 2 del Código Penal, y, no obstante, haber sido obstruido su derecho, lo que causó a la joven un sufrimiento moral y psíquico contrario al Art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación a los casos de aborto no punible. Del mismo modo, el Comité plantea que tales casos deben resolverse entre la paciente y su médico sin la injerencia del Estado, ya que esta intromisión viola el derecho a la privacidad establecido en el Art. 17 del Pacto, acuerdo que se incorporó al Art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional.
La República Argentina puede exhibir el Índice de Desarrollo Humano más alto de Latinoamérica. Y en materia de derechos, también un gran salto hacia delante: la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, según la Ley 25.673. Sin embargo, el aborto inseguro, es decir el clandestino (por ilegal), es en nuestro país la primera causa de muerte materna. Su incidencia en los fallecimientos de mujeres (un 40%) es, a 2008, mucho más alta en promedio que en Chile (19,8%) y en Uruguay (15%).
De acuerdo con compromisos asumidos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, la Argentina tendría que reducir al año 2015 alrededor de unas 3/4 partes de la mortalidad materna actual. Porque si bien en los últimos dos años se produjo un muy leve descenso de la posibilidad de morir por embarazo, aborto o parto, permanece sin saldar una deuda que no se ve, pero que las mujeres pagan.
Una de cada 10 muertes maternas en la Argentina corresponde a una menor de 20 años. El 1,3% de las chicas que pierde la vida por quedarse embarazada y abortar en la clandestinidad, o por no soportar el embarazo y el parto, no llega a cumplir 15 años. En un contexto de pobreza, la iniciación sexual se da a menudo en un clima de presión y coacciones. La imposibilidad de acceder a un aborto legal es otro eslabón, de tremenda fuerza, en una larga cadena de violencia.
Se calcula que en el país se producen por año entre 460 mil y 500 mil interrupciones voluntarias del embarazo entre mujeres de distintos sectores y edades, lo que significa casi un aborto por nacimiento. Las posibilidades de superar la prueba difieren según los recursos. Las mujeres de los sectores más pobres sólo pueden acceder a procedimientos caseros o de baja calidad, con el consiguiente peligro para su salud. El 30 de noviembre de 2010, se debatió el problema, por primera vez en la historia del Congreso Nacional. Ese día Marianne Mollman, especialista de Human Rights Watch abogó a lo largo de dos horas a favor de la despenalización del aborto ante la Cámara de Diputados.
La penalización del aborto lleva a las mujeres a tomar medidas desesperadas como, por ejemplo, intentar el aborto con agujas de tejer, con sondas, con tallos de perejil, e incluso con revólveres.
La despenalización del aborto es un Derecho Humano, un derecho vinculado con una mayor equidad. Una causa justa por su contenido democrático y de justicia social que asegure los derechos humanos a las mujeres hoy privadas de ellos. En este sentido se exige que el Estado los garantice, así como lo hace con los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales.
La intervención de Mollman inició el cronograma de audiencias públicas que debía reiniciarse en marzo de 2010, con la participación de referentes religiosos. Pero esta instancia, pedida por la diputada Cynthia Hotton –cercana al vicepresidente Julio Cobos, y el macrista Julián Obliglio–, fue levantada a su propio requerimiento. La próxima audición está prevista para la segunda semana de junio, para la que serán invitados los rectores de las universidades nacionales. Anticiparon su apoyo al proyecto los Consejos Superiores de la UBA, Córdoba, La Plata, Comahue (Neuquén), Mar del Plata, la Pampa y la Patagonia.
A finales de mayo de 2011, y porque estamos en un año electoral, es preciso y oportuno reponer los compromisos de la agenda elaborada en 2010, surgida a instancias de la presentación, el 16 de marzo de 2010, del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, del que son autoras las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Cámara de iniciación es la de Diputados/as. Es objetivo de los/as firmantes que el mismo adquiera estado parlamentario para darle tratamiento junto con las demás iniciativas referidas a esta temática. No es el primer proyecto que se elabora sobre el tema, pero es el primero que viene precedido por una intensa e incansable campaña de sensibilización de la sociedad, que comenzó a visualizar que se trata de un problema de todos y todas, no sólo “de mujeres”. La Campaña publicó el 12 de abril de 2011 una solicitada en apoyo al Proyecto, con el aval de un amplio espectro político y social. Entre los diputados: Carlos Heller, Martín Sabbatella, Vilma Ibarra, Jorge Rivas, Diana Conti, Margarita Stolbizer, Roy Cortina, entre muchos. Para más información, ver: http://www.abortolegal.com
Justicia Reproductiva
En el marco de la conmemoración del 28 de Mayo, las CDD, en asociación con INSGENAR, organizaron un Seminario Nacional de Acceso a la Justicia Reproductiva, que se desarrolló los días 19 y 20 de mayo en dependencias de la Cámara de Diputados de la Nación. Prestigiosos especialistas analizaron el contexto, las oportunidades, avances y desafíos, como también los obstáculos para el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos; y el rol de las religiones, la cultura y las ideologías en las democracias contemporáneas. El cierre consistió en la presentación de la Campaña, junto con sus logros y perspectivas.
Fue relevante el intercambio entre participantes de distintas provincias, y allí tomamos nota de que en medio de una heterogeneidad territorial, las provincias del NOA constituyen una de las regiones con mayor mortalidad; en un estudio de 2008, la Organización Mundial de la Salud señala que las mujeres jujeñas tienen quince veces más probabilidades de morir por causas vinculadas con la maternidad que una porteña. Pero estudios más recientes revelan que las formoseñas tienen 20 veces más riesgo en materia de salud reproductiva que las nacidas en la ciudad de Buenos Aires. Estas muertes resultan de una combinación que sería remediable: pobreza, falta de acceso a la salud integral, a la educación y a la información.
De los casos puntuales de Ana M. Acevedo y LMR, se despende la necesidad de incluir en la currícula de las carreras universitarias de Medicina y Derecho una visión transversal de género.
Para mejorar lo ya conseguido, habría que operar sobre dos ejes centrales.
Primero: Garantizar el acceso equitativo a la calidad de atención, a la distribución de insumos (recién en 2003 se empezaron a entregar anticonceptivos en forma gratuita y sin discriminación), y a la mejor y más completa distribución de materiales informativos.
En este ítem, estimamos muy útil consultar el libro editado por el colectivo LFDA, Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto: Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas, que puede bajarse de su página de Internet en formato PDF. En 2009 se puso en funcionamiento la línea 011-15-6664-7070 para consultas telefónicas.
También el Ministerio de Salud implementó una línea telefónica gratuita: 0800-222-3444, a través de la cual, 15 profesionales brindarán información y responderán de manera confidencial las inquietudes sobre salud sexual y reproductiva entre las 6 de la mañana y hasta las doce de la noche, además de realizar oportunamente la derivación a los hospitales y centros de salud de todo el país.
Segundo: Fortalecer los programas provinciales, perfeccionando la articulación entre las políticas nacionales y de provincia, y entre éstas y los municipios. A mayor marco legal, menos muertes maternas.
El movimiento de mujeres mantiene sin pausa ni desmayo un eje de lucha vinculado a la prevención, la educación y la asistencia, y que se sintetiza en las consignas:
• Educación sexual para decidir. • Anticonceptivos para no abortar.
• Aborto legal para no morir.
Ninguno, y mucho menos, ninguna, puede contemplar esta lucha desde lejos, como ajena. Nos encontraremos el 31, frente al Congreso Nacional, a las seis de la tarde. Artistas populares como el conjunto Actitud María Marta, entre otros, y el testimonio de personalidades de la cultura, intelectuales, periodistas, dirigentes sociales, legisladoras/es firmantes del proyecto, más nuestra presencia, contribuirán a afianzar el proyecto presentado.
El sábado 28 de mayo es el Día Universal de Acción por la Salud de las Mujeres. Ése es el motivo por el cual nosotras y nosotros vamos a reunirnos el martes 31 desde las 18 para recordar que la sociedad argentina tiene una importante deuda que honrar. ¿Qué deuda? Pruebas al canto:
Cuando a Ana María Acevedo le diagnosticaron un cáncer de mandíbula, pensó que era joven, que la ciencia ofrecía estrategias confiables para su curación, y que por ella y por sus hijos tenía que luchar. A fines de 2006, al presentarse en el Hospital Iturraspe de Santa Fe para ser tratada, le informaron que estaba encienta de tres semanas, y que no era posible sostener a la vez la gestación y un tratamiento oncológico. Sin recursos para acudir a un consultorio privado, pidió al hospital público la interrupción de su incipiente embarazo. Pero por “convicciones, razones culturales y religiosas” el cuerpo médico y el comité de Bioética de aquel hospital sellaron su destino al negarle la prestación médica que necesitaba. Así, la condenaron a proseguir su embarazo sin aplicar tratamiento para el cáncer que padecía. ¿Hace falta agregar que, privada incluso de analgésicos que mitigaran sus dolores, la agonía de Ana María Acevedo fue lenta y cruel? En abril de 2007, al cumplirse 22 semanas de gestación, le realizan una cesárea. La niña no sobrevivió más de 24 horas, y el 17 de mayo, a los veinte años, Ana María murió.
Muertes que deberían ser vidas
Privada de los derechos de ser informada y elegir libremente cuándo ser madre o no (Ley 11.888), privada también de recibir educación sexual y decidir respecto de su vida sexual, de exigir que se aplique el método anticonceptivo que ella eligiera (Ley Provincial 12.323) y, finalmente, de su derecho a acceder a un aborto legal y seguro (Artículo 86 del Código Penal), Ana María dejó huérfanos a sus hijos, de 4, 2 y un año.
En 1987 Hafda T. Mahler, en la Conferencia Inaugural por una Maternidad sin Riesgo, en Nairobi, dijo: “La mortalidad materna ha sido una tragedia descuidada, y se ha descuidado porque las que sufren son personas ignoradas, con menos fuerza e influencia sobre cómo se emplean los recursos nacionales, son pobres y por encima de todo son mujeres”. Palabras que mantienen dolorosa vigencia.
Si bien parece muy antiguo el estigma religioso (y también social) sobre el aborto, no lo es tanto. Durante siglos, la Iglesia Católica permitió interrumpir la gestación hasta cumplirse el primer trimestre. En el siglo XIX, en coincidencia con el apogeo del capitalismo que hizo del patriarcado una de sus herramientas de dominación más eficaces, el fundamentalismo de la jerarquía eclesiástica comenzó a prohibirlo.
Al decidir no intervenir sobre el embarazo inviable de una paciente de cáncer, se ejerció sobre ella una violencia institucional propia de las dictaduras. Los objetores de conciencia dentro y fuera del ámbito de salud no pueden sustituir la opción personal de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, como tampoco forzarlas a continuar un embarazo no deseado. Más aun si estaba claramente encuadrado en la categoría legal de no punibles.
Elsa Schvartzman, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, habla de “muertes que deberían ser vidas. Muertes olvidadas, impronunciadas, inexistentes en la vida diaria de la mayoría de las otras mujeres y los otros varones. Muertes sin nombre pero que no pueden ser nombradas como tragedia sino como olvido”.
Cuerpos rigurosamente vigilados, derechos negados
El caso Acevedo es emblemático, pero no el único en alcanzar esa categoría. En 2006, LMR, de una localidad cercana a La Plata, a los 19 años y con una discapacidad mental que la hacía particularmente vulnerable, sufrió una violación. La Cámara de Apelaciones de aquella ciudad impidió la interrupción del embarazo, y un comité de Bioética del Hospital San Martín aconsejó en el mismo sentido. Una jueza de menores de La Plata y la Sala II de la Cámara I de Apelaciones en lo Civil de esa ciudad impidieron el aborto. Ya judicializado el caso de LMR, rodaban las semanas y la gestación proseguía, hasta que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ratificó el derecho constitucional de la joven, y dejó asentado que no es necesaria autorización judicial alguna cuando se trata de un embarazo producto de una violación sexual sobre una mujer con discapacidad mental.
La angustia y sufrimientos de la joven discapacitada no terminaron allí. Debido al estado público que el caso había alcanzado, no se encontraba disponible un profesional que se prestara a realizar el aborto, a pesar del dictamen favorable de la Suprema Cámara. El movimiento de mujeres no perdió un solo día en organizar una campaña nacional, en la que se comprometió un centenar de personas, hasta lograr que LMR fuera atendida en las condiciones más seguras e idóneas.
Las Católicas por el Derecho a Decidir (CCD) se preguntan:
¿Es la objeción de conciencia una “libertad básica”, un “derecho fundamental” que vale irrestricta y absolutamente? ¿Puede un derecho privado basado en creencias religiosas desobedecer normas institucionales que tienden a resguardar derechos individuales racionales y razonables?
Estos interrogantes tienen que ver con los casos elegidos como dolorosos ejemplos, y con la realidad probada de que hay muchos otros jefes de servicios y directores de hospitales que por ser objetores de conciencia a título personal, primero intentan disuadir a la mujer –que también puede ser una adolescente de 14 años– de renunciar a su derecho a interrumpir un embarazo no sólo no deseado, sino psicológicamente traumático. Si no lo consiguen, ponen obstáculos institucionales en las prácticas con las que no están de acuerdo. Pero tampoco se ocupan de derivar la atención de la paciente a otros profesionales que no van a negarse a realizar la práctica requerida.
Derechos Humanos, justicia y equidad
Los padecimientos de LMR conformaban un caso testigo que podría salvar a otras mujeres. En 2007, con el patrocinio de CLADEM Argentina (Programa de Monitoreo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), INSGENAR (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo), y CDD (Católicas por el Derecho a Decidir) Argentina, se presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una demanda por violación a los Derechos Humanos de LMR, por haber estado su caso previsto en el Art. 86, inc. 2 del Código Penal, y, no obstante, haber sido obstruido su derecho, lo que causó a la joven un sufrimiento moral y psíquico contrario al Art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación a los casos de aborto no punible. Del mismo modo, el Comité plantea que tales casos deben resolverse entre la paciente y su médico sin la injerencia del Estado, ya que esta intromisión viola el derecho a la privacidad establecido en el Art. 17 del Pacto, acuerdo que se incorporó al Art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional.
La República Argentina puede exhibir el Índice de Desarrollo Humano más alto de Latinoamérica. Y en materia de derechos, también un gran salto hacia delante: la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, según la Ley 25.673. Sin embargo, el aborto inseguro, es decir el clandestino (por ilegal), es en nuestro país la primera causa de muerte materna. Su incidencia en los fallecimientos de mujeres (un 40%) es, a 2008, mucho más alta en promedio que en Chile (19,8%) y en Uruguay (15%).
De acuerdo con compromisos asumidos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, la Argentina tendría que reducir al año 2015 alrededor de unas 3/4 partes de la mortalidad materna actual. Porque si bien en los últimos dos años se produjo un muy leve descenso de la posibilidad de morir por embarazo, aborto o parto, permanece sin saldar una deuda que no se ve, pero que las mujeres pagan.
Una de cada 10 muertes maternas en la Argentina corresponde a una menor de 20 años. El 1,3% de las chicas que pierde la vida por quedarse embarazada y abortar en la clandestinidad, o por no soportar el embarazo y el parto, no llega a cumplir 15 años. En un contexto de pobreza, la iniciación sexual se da a menudo en un clima de presión y coacciones. La imposibilidad de acceder a un aborto legal es otro eslabón, de tremenda fuerza, en una larga cadena de violencia.
Se calcula que en el país se producen por año entre 460 mil y 500 mil interrupciones voluntarias del embarazo entre mujeres de distintos sectores y edades, lo que significa casi un aborto por nacimiento. Las posibilidades de superar la prueba difieren según los recursos. Las mujeres de los sectores más pobres sólo pueden acceder a procedimientos caseros o de baja calidad, con el consiguiente peligro para su salud. El 30 de noviembre de 2010, se debatió el problema, por primera vez en la historia del Congreso Nacional. Ese día Marianne Mollman, especialista de Human Rights Watch abogó a lo largo de dos horas a favor de la despenalización del aborto ante la Cámara de Diputados.
La penalización del aborto lleva a las mujeres a tomar medidas desesperadas como, por ejemplo, intentar el aborto con agujas de tejer, con sondas, con tallos de perejil, e incluso con revólveres.
La despenalización del aborto es un Derecho Humano, un derecho vinculado con una mayor equidad. Una causa justa por su contenido democrático y de justicia social que asegure los derechos humanos a las mujeres hoy privadas de ellos. En este sentido se exige que el Estado los garantice, así como lo hace con los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales.
La intervención de Mollman inició el cronograma de audiencias públicas que debía reiniciarse en marzo de 2010, con la participación de referentes religiosos. Pero esta instancia, pedida por la diputada Cynthia Hotton –cercana al vicepresidente Julio Cobos, y el macrista Julián Obliglio–, fue levantada a su propio requerimiento. La próxima audición está prevista para la segunda semana de junio, para la que serán invitados los rectores de las universidades nacionales. Anticiparon su apoyo al proyecto los Consejos Superiores de la UBA, Córdoba, La Plata, Comahue (Neuquén), Mar del Plata, la Pampa y la Patagonia.
A finales de mayo de 2011, y porque estamos en un año electoral, es preciso y oportuno reponer los compromisos de la agenda elaborada en 2010, surgida a instancias de la presentación, el 16 de marzo de 2010, del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, del que son autoras las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Cámara de iniciación es la de Diputados/as. Es objetivo de los/as firmantes que el mismo adquiera estado parlamentario para darle tratamiento junto con las demás iniciativas referidas a esta temática. No es el primer proyecto que se elabora sobre el tema, pero es el primero que viene precedido por una intensa e incansable campaña de sensibilización de la sociedad, que comenzó a visualizar que se trata de un problema de todos y todas, no sólo “de mujeres”. La Campaña publicó el 12 de abril de 2011 una solicitada en apoyo al Proyecto, con el aval de un amplio espectro político y social. Entre los diputados: Carlos Heller, Martín Sabbatella, Vilma Ibarra, Jorge Rivas, Diana Conti, Margarita Stolbizer, Roy Cortina, entre muchos. Para más información, ver: http://www.abortolegal.com
Justicia Reproductiva
En el marco de la conmemoración del 28 de Mayo, las CDD, en asociación con INSGENAR, organizaron un Seminario Nacional de Acceso a la Justicia Reproductiva, que se desarrolló los días 19 y 20 de mayo en dependencias de la Cámara de Diputados de la Nación. Prestigiosos especialistas analizaron el contexto, las oportunidades, avances y desafíos, como también los obstáculos para el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos; y el rol de las religiones, la cultura y las ideologías en las democracias contemporáneas. El cierre consistió en la presentación de la Campaña, junto con sus logros y perspectivas.
Fue relevante el intercambio entre participantes de distintas provincias, y allí tomamos nota de que en medio de una heterogeneidad territorial, las provincias del NOA constituyen una de las regiones con mayor mortalidad; en un estudio de 2008, la Organización Mundial de la Salud señala que las mujeres jujeñas tienen quince veces más probabilidades de morir por causas vinculadas con la maternidad que una porteña. Pero estudios más recientes revelan que las formoseñas tienen 20 veces más riesgo en materia de salud reproductiva que las nacidas en la ciudad de Buenos Aires. Estas muertes resultan de una combinación que sería remediable: pobreza, falta de acceso a la salud integral, a la educación y a la información.
De los casos puntuales de Ana M. Acevedo y LMR, se despende la necesidad de incluir en la currícula de las carreras universitarias de Medicina y Derecho una visión transversal de género.
Para mejorar lo ya conseguido, habría que operar sobre dos ejes centrales.
Primero: Garantizar el acceso equitativo a la calidad de atención, a la distribución de insumos (recién en 2003 se empezaron a entregar anticonceptivos en forma gratuita y sin discriminación), y a la mejor y más completa distribución de materiales informativos.
En este ítem, estimamos muy útil consultar el libro editado por el colectivo LFDA, Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto: Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas, que puede bajarse de su página de Internet en formato PDF. En 2009 se puso en funcionamiento la línea 011-15-6664-7070 para consultas telefónicas.
También el Ministerio de Salud implementó una línea telefónica gratuita: 0800-222-3444, a través de la cual, 15 profesionales brindarán información y responderán de manera confidencial las inquietudes sobre salud sexual y reproductiva entre las 6 de la mañana y hasta las doce de la noche, además de realizar oportunamente la derivación a los hospitales y centros de salud de todo el país.
Segundo: Fortalecer los programas provinciales, perfeccionando la articulación entre las políticas nacionales y de provincia, y entre éstas y los municipios. A mayor marco legal, menos muertes maternas.
El movimiento de mujeres mantiene sin pausa ni desmayo un eje de lucha vinculado a la prevención, la educación y la asistencia, y que se sintetiza en las consignas:
• Educación sexual para decidir. • Anticonceptivos para no abortar.
• Aborto legal para no morir.
Ninguno, y mucho menos, ninguna, puede contemplar esta lucha desde lejos, como ajena. Nos encontraremos el 31, frente al Congreso Nacional, a las seis de la tarde. Artistas populares como el conjunto Actitud María Marta, entre otros, y el testimonio de personalidades de la cultura, intelectuales, periodistas, dirigentes sociales, legisladoras/es firmantes del proyecto, más nuestra presencia, contribuirán a afianzar el proyecto presentado.
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