Miembros de las 'grupos antirredadas' en la presentación de su primer informe. / brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com
Cristian es un brigadista con un chaleco reflectante como uniforme. No lleva armas, pero forma parte de un ejército ciudadano que se defiende con palabras y argumentos y que batallan en cualquier parte de la ciudad de Madrid en la que tienen la sospecha o la certeza (por una confidencia o soplo) de que agentes de Policía puedan ir a la caza del inmigrante, del de color, del rasgo diferente, con la misión de identificarlo y, en caso de ser irregular (carecer de los papeles que le permiten residir en España), proceder a instruir su expediente de expulsión. En esas “zonas calientes” actúan ellos. La calle es su campo de batalla y de acción; su oficina y lugar de trabajo. En grupos de cinco, los brigadistas patrullan la zona y, según los datos que manejan, en un 42% de las salidas se han encontrado un control policial. “Encontremos o no una redada nos dedicamos a informar a los vecinos de cuáles son sus derechos y de cómo defenderlos“, explica. No van a la caza del control, pero se topan con ellos. Tampoco son un equipo de rescate, pero si hay Policía “interactúan” con ellos. Estas salidas se han recogido durante un año y ahora figuran en un informe que acaban de publicar y que documenta un año de vigilancias callejeras en zonas como Lavapiés, Tetuán, Embajadores, Vallecas, Estrecho, Cuatro Caminos, Orcasitas o Plaza de Castilla, todas ellas con un alto índice de población migrante. “Se trata de un proyecto para visibilizar una situación injusta, denunciarla y tratar de pararla“, define el brigadista.
El colectivo al que pertenece Cristian nació en 2009 tras un año de reflexión de un grupo de personas con cierta sensibilidad que procedían en su mayoría de asociaciones y que necesitan responder a la necesidad de movilizarse contra los controles de identidad masivos e identificaciones individuales selectivas que sucedían y que nadie reconocía más que sus víctimas. Un año de reflexión, consultas, pedir información y asesoramiento jurídico dió sus frutos. “Fue un cóctel. Recibimos el apoyo de movimientos latinoamericanos que ya tenían experiencia en el tema y en acciones de desobediencia civil”, recuerda Cristian. Así se empezó a cocer el proyecto. El objetivo: frenar el ataque a la diferencia, hacerlo visible y denunciarlo a pesar de la postura oficial que ocultaba o negaba el problema. El Ministerio del Interior no reconocía una realidad que quemaba en las calles. Su argumento era que los controles que se realizaban estaban relacionados con las sospecha de la comisión de un delito y la prevención de la delincuencia. Las fotos y los testimonios evidenciaban lo contrario. Y tienen unos cuantos. Ahí está la situación individual de F. una mujer latinoamericana a la que sorprendió la Policía en un locutorio cuando imprimía los papeles para solicitar la residencia por arraigo social. De nada le sirvió mostrar sus papeles y el pasaporte compulsado. La policía la trasladó a casa a comprobar si existía el pasaporte original. Después, la llevaron a comisaría, la desnudaron, cachearon y, de regalo, la obsequiaron con una noche en el calabozo. A la mañana siguiente; nuevo traslado a otra comisaría y vuelta a la anterior para liberarla con una orden de expulsión en la mano. Y F. ni siquiera pudo avisar a la señora a la que cuidaba que ese día no podría acudir al trabajo. O el de N. que paseaba por la calle acompañada de la señora con demencia senil a la que cuida. Esperan a la hija. La pararon, la pidieron los papeles y N. no los llevaba encima. Mientras esto sucedía la hija llegó e increpó a la pareja de agentes “educadamente”. No entendía por qué molestaban a una trabajadora que sólo cuidaba a una enferma. Los agentes, apunta el informe, respondieron que no interfiriese en un trabajo de seguridad ciudadana . Ella insistió: “no somos delincuentes“. A N. se la llevaron detenida. Quedó libre 24 horas después sin asistencia letrada.
El informe también recoge situaciones colectivas. Sirva un ejemplo.Intercambiador de Plaza de Castilla. Línea Madrid- San Agustín de Guadalix. Los agentes irrumpen en el anden. Llega un autobús cargado de trabajadores que ponen fin a su jornada laboral. Los policías separan a los negros de los blancos. A R. le llaman “negro de mierda”. Un agente le confiesa que su jefe le obliga a detener gente. Le ponen esposas y a comisaría. No ha sido la única vez. R. dice que algunos de sus compañeros han dejado su casa y se han mudado a Guadalix para no sufrir las redadas. A. denuncia que la Policía pide papeles en los bancos de la estación de Atocha sólo a inmigrantes.“Te encuentras de todo y no me refiero grandes escenas de redadas. Lo tremendamente duro no son las agresiones físicas (que no son tan frecuentes) sino los momentos de violencia. Son sensaciones de violencia en espacios físicos en los que te sientes cazado. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es ver en sus caras la sensación de hartazgo y de indefensión”, relata Cristian.
En el documento se reflejan más datos sobre los controles de identidad que, para el colectivo, permite concluir que se realizan controles raciales sin sospecha de delito y así lo acreditan el 90% de los que han prestado su testimonio. Un 33% asegura que los pararon en la boca del metro, fuera o en el interior, en los torniquetes de entradas, pasillos o andenes, y un 51% se produjeron en calles o plazas. El resto, en bares, locutorios o caminando por la calle. Todos lugares habituales en los que desarrollan su actividad cotidiana. Ninguna de las personas que prestaron su testimonio fue acusada posteriormente a su identificación de la comisión de un delito pese a que la Policía argumenta que se les traslada a dependencias policiales a efectos de identificación aún cuando muchas de ellas portaban los documentos que lo acreditaban. “La Ley de Extranjería no puede ponerse como argumento cuando se vulneran principios básicos de la Ley de Seguridad Ciudadana“, dicen. Y aquí es cuando, según el colectivo, existe una desproporción entre la persecución que sufren por no tener papeles y la gravedad del acto en sí mismo. “Carecer de los documentos adecuados de estancia legal es una infracción administrativa (como si fuera una multa de tráfico) y, en cambio, el despliegue de medios y el tipo de control es desmesurado”. Se refieren al dispositivo policial a desplegar (sólo justificado según la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana para delitos graves) y al tiempo empleados en ellos, bien en la calle, furgonetas o dependencias policiales. Es el caso de H. que, con DNI español, fue interceptado durante 40 minutos por portar una televisión por la calle. Algunos, llegan a pasar las 72 horas previstas en cualquier detención, pero sólo un 6% de los trasladados a comisarías son recluidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros. Los propios sindicatos policiales han denunciado públicamente estas “detenciones preventivas” impuestas desde el Ministerio de Interior. Los argumentos son claros. “Se trata a los inmigrantes como delincuentes, se dispone su detención preventiva contradiciendo sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que disponen que no se puede identificar a un ciudadano sin cumplir determinados requisitos”. Algunas quejas son más silenciosas. Cuartopoder ha tenido acceso a testimonios de policías que han sido penalizados con cambios de turnos perjudiciales ( como el nocturno) o a trabajos más rutinarios por negarse a realizar “palotes”, en jerga policial, con los inmigrantes para subir las estadísticas de criminalidad.
“Sabemos que son instrucciones del Ministerio del Interior -asegura Cristian-, pero nos preocupa que inmigración vaya asociada a delincuencia”. El propio ministerio no sabe qué hacer con ellos. Primero, negaron las redadas. Después, cuando observaron que los ciudadanos se movilizaban para impedirlas, procedieron a sancionarles con multas. “Es una estrategia y lo sabemos. No nos van a desactivar”, afirma. Ocurrió, por ejemplo, hace un año en Lavapiés. “Cuando la policía vio a los brigadistas dejaron a los inmigrantes a los que estaban identificando y se dirigieron a nosotros, nos ficharon y nos dejaron ir sin boletín de denuncia. Un mes después, llegó la sanción”. A esta se acumularon otras, todas recurridas hasta que se agoten todas las vías legales posibles. El total se acerca a los 4.000 euros.
El protocolo policial puede haber cambiado; menos control masivo y más control individual. Sútil y más invisible. Aún así sigue sucediendo. Por eso, no piensan parar. El informe no es un punto final. El presente del colectivo pasa por seguir saliendo a la calle. Su futuro no se lo plantean. No se plantean estrategias. “Ya se verá. Está sin escribir. Sólo sabemos que estaremos en la calle. Ahí está nuestra labor: hablar con los vecinos es básico“. De momento, han conseguido poner el debate sobre la mesa.”Es fundamental. Se nos dice que hay diferencias por el color, pero ellos son personas y las personas son personas. A partir de ahí, hablamos lo que haya que hablar”.No hay forma de datar cuántos son en este colectivo “abierto” en el que cualquiera puede participar, pero ahí están. Y estarán. En la calle.
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