UN MINISTRO QUE SE NEGÓ A INVESTIGAR EL TERRORISMO FRANQUISTA

La víctimas del franquismo van a acudir al Comité Internacional de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU, para denunciar la actitud mantenida por el Gobierno y, más concretamente por el Ministerio del Interior, con respecto a los niños desaparecidos durante la dictadura.

Cumplidos ya 3 años este mes de septiembre desde el inicio de las actuaciones de la Audiencia Nacional, en 2008, todavía no se ha procedido a tomar medidas efectivas en la búsqueda de los niños víctimas de desapariciones forzadas, ni de los desaparecidos de las fosas por parte del Estado Español. Rubalcaba es el principal responsable de tan infame postura.

En este sentido, varios artículos del Protocolo Adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que regula el procedimiento ante el Comité de Derechos Humanos, establece que “no será preciso el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna cuando la tramitación se prolongue injustificadamente”, como forma de denegación de justicia para las víctimas.

PARA EL RÉGIMEN DEL BORBÓN, ESTAS NO SON VÍCTIMAS NI MERECEN ATENCIÓN

Así lo confirma Miguel Ángel Rodríguez Arias, experto en Derecho penal internacional, que es autor de las primeras investigaciones jurídicas en España sobre las desapariciones del franquismo y autor del libro “El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad”, que dió lugar a la apertura de actuaciones por parte de la Audiencia Nacional.

Para el autor de la denuncia, la responsabilidad del Gobierno de España está en primer plano en un doble sentido: “Tenemos un Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno y jerárquicamente sujeto a éste, que ha negado sistemáticamente la calificación de lesa humanidad, imprescriptible, de desapariciones forzadas sistemáticas y masivas de adultos y niños y que nos dice después que esos supuestos delitos ordinarios han prescrito”. Y  añade:

“Y de otro lado el Ministerio del Interior ha omitido su deber de buscar a esos niños desaparecidos creando las unidades especiales de investigación que resulten precisas, y a diferencia de como sí que hizo el Gobierno de argentino para el caso de los varios cientos de niños desaparecidos en aquel país, cuando en el caso español se estiman cifras mucho más graves que podrían alcanzar los varios miles”.

LOS PROTECTORES DEL SILENCIO SOBRE LOS CRÍMENES DE FRANCO DEBEN SER JUZGADOS

En cambio el artículo 5 de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, define con toda claridad que: “La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable”.

Y respecto la actuación debida de los Ministros al frente de las fuerzas policiales de los Gobiernos el Consejo de Europa dejó claro además, desde 2005, que hay una gravísima responsabilidad por parte de los Gobiernos y sus ministros competentes cuando no se toman medidas efectivas para investigar:

“10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento”.

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