#PP y #PSOE blindan su acceso a la empresa privada. Tumban una moción que habría dificultado su desembarco en multinacionales

Por A. Inglott - Redacción Canarias Semanal

     Hace tan solo una semana, la ex vicepresidenta y ministra de Economía del Ejecutivo Zapatero, Elena Salgado,se convertía en noticia por su fichaje como miembro del Consejo de Administración de la filial chilena de la multinacional Endesa. La ex ministra  no era más que la última de una larga lista de políticos institucionales que pasan, con la mayor naturalidad, de lo público a lo privado y viceversa. Aunque en este caso, la "socialista" no dejó pasar

    En enero de 2011, el ex presidente del Gobierno José María Aznar era contratado  como "asesor externo para Latinoamérica" por la eléctrica Endesa, con una retribución de unos 200.000 euros anuales (33.277.200 de pesetas), si bien esta es solamente una de sus "asesorías".  Apenas un mes antes, su antecesor en el cargo, Felipe González, se incorporaba al consejo de administración de Gas Natural, cobrando por ello 126.500 euros al año. Estos son apenas dos ejemplos significativos.

    El inventario de altos cargos de la Administración que terminan convirtiéndose en directivos de las mismas empresas a las que favorecieron durante su desempeño político es demasiado extenso como para tratar de resumirlo en unas breves líneas (*). Sin embargo, la prueba más fehaciente de que este continúo trasvase entre lo público y lo privado refleja la esencia de un sistema político construido para garantizar los intereses del poder económico la acaban de ofrecer  los presuntos "representantes de la voluntad popular". 

    La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados tumbaba este martes, con los votos de PP y PSOE,  una proposición no de ley presentada por el BNG que instaba a endurecer el régimen de incompatibilidades para poner algún coto a la "puerta giratoria"

    Los nacionalistas gallegos planteaban una aplicación más rigurosa de la incompatibilidad de desempeñar actividades privadas remuneradas, de manera que se ampliaran los periodos de limitación vigentes desde que se produce el cese. Pedía, asimismo, una aplicación de los conflictos de intereses a aquellos supuestos en los que los ex altos cargos realizan asesorías o consultorías especiales a los órganos de dirección y administración, o participan como miembros o asesores especiales en dichos órganos de empresas privadas cuya actividad está relacionada con el ámbito de competencias ejercido desde el ámbito público.

    Con respecto a los ex presidentes del Gobierno, el BNG reclamaba que se modificara su estatus reglamentario, de manera que se les exigiera la renuncia a todas las prerrogativas de las que disfrutan en la actualidad, salvo las vinculadas a garantizar su seguridad, en caso de que ejerzan actividades remuneradas por cuenta de empresas privadas.

    El diputado del BNG Francisco Jorquera citó como ejemplos los casos de los ex presidentes Aznar y Felipe González. Jorquera se preguntó si "es presentable que estas personas puedan poner sus influencias al servicio de los intereses de empresas privadas" o si "es presentable que compatibilicen" el sueldo que mantienen por haber ejercido un cargo público con la remuneración de la empresa privada.

    La proposición no de ley se encontró con el rechazo frontal del PSOE y el PP, que una vez más hicieron causa común para defender el laxo reglamento actual.

    El diputado del PSOE Odón Elorza afirmó que la iniciativa del BNG  suponía  "sacar las cosas de contexto" y que no es necesario modificar la ley que regula las incompatibilidades de cargos públicos y sí su "adecuada y estricta aplicación". En los mismos términos se pronunció la parlamentaria del PP María Eugenia Romero, quien opinó en nombre de su partido que la regulación actual es "más que suficiente" y pidió que no se hiciese "demagogia" con este asunto.

    "No se suban al carro de la demagogia. No podemos estar todo el día sembrando dudas sobre los cargos públicos", concluyó la diputada ultraderechista. Ante el peso de las evidencias, no obstante, el tiempo de las meras sospechas parece haber quedado definitivamente en el pasado para un número creciente de ciudadanos.

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