La mañana del 11 de junio fue especial para 3.779 personas en Extremadura. Aquel día, tres semanas después de las elecciones municipales y autonómicas, se renovaron los cargos en todos los ayuntamientos de la región. Y eso, traducido a números, no es un asunto menor. Son 385 consistorios (hoy habría que añadir uno más, Tiétar), es decir, 385 alcaldes y 3.394 concejales. En total, 3.779 cargos públicos.
Una mínima representación de ellos escuchó el pasado martes decir a un experto que «es imprescindible y urgente» reducir el número de municipios, y que ese recorte pasa por la desaparición de todos aquellos ayuntamientos de localidades con menos de cinco mil habitantes, también de las mancomunidades y por una modernización de las diputaciones. Lo dijo en Cáceres Clemente Checa, catedrático de Derecho Financiero de la Uex, miembro del Consejo Consultivo de Extremadura y autor de 46 libros individuales y 56 colectivos, durante el seminario sobre 'Hacienda, fiscalidad y deuda de las administraciones locales' que organizó la Fundación Caja de Extremadura.
Adiós a nueve de cada diez
Plasmar su propuesta sobre el mapa supondría, en sentido estricto, liquidar 346 ayuntamientos, o lo que es lo mismo, casi el 90 por ciento de los que existen a día de hoy. De esta forma, sólo permanecerían 28 en la provincia de Badajoz y 12 en la de Cáceres (ver gráfico adjunto). Entre los municipios que superan los 4.000 vecinos pero no llegan a los 5.000, y que por tanto se quedarían a las puertas de tener su propio consistorio, aparecen Arroyo de San Serván, Monesterio, Navalvillar de Pela, Santa Amalia, Santa Marta, Valverde de Leganés, Casar de Cáceres, Hervás, Malpartida de Cáceres y Malpartida de Plasencia.
Según este planteamiento, el resto de localidades tendrían o bien que agruparse entre ellas, o bien pasar a pertenecer al municipio mayor de cinco mil habitantes más cercano.
A Ramón Díaz Farías, presidente de la Fempex (Federación de Municipios y Provincias de Extremadura), la idea no le gusta. «Proponer la supresión de todos los ayuntamientos con menos de cinco mil habitantes sólo podría tener sentido si enfocamos la cuestión desde un punto de vista puramente economicista y nada más». Desde una perspectiva social, la medida, entiende Díaz Farías, supondría otorgar a los residentes en ciudades con ayuntamiento propio más derechos que a aquellos que viven en pueblos con menos de cinco mil vecinos. «A cualquiera que conozca el municipalismo no se le ocurre plantear algo así», apunta el presidente de la Fempex, abierto a «negociar la prestación de ciertos servicios para evitar duplicidades, como de hecho se está haciendo en el marco del Plan Local», comenta.
Él, además, pone el acento en el gasto. «Dentro de la administración, los ayuntamientos no somos ni de lejos los que más gastamos», resume Díaz Farías, que alude a los sueldos de los políticos locales, una de las cuestiones más presentes en las conversaciones ciudadanas sobre este tipo de asuntos. «La mayoría de los concejales que hay en los pueblos no cobran nada, y por poner un ejemplo, hablo de mi pueblo (Villanueva del Fresno), donde hay once ediles y cobran dos».
«Servicios deficitarios»
Para Clemente Checa, las mancomunidades deberían desaparecer, y las diputaciones, continuar pero reinventándose. Para el presidente de la Fempex, las dos son necesarias, unas porque prestan servicios en el ámbito comarcal y otras porque lo hacen en el provincial. Más aún cuando «la mayoría de los servicios que presta un ayuntamiento son deficitarios, en el sentido de que el dinero que se ingresa por ellos es menos del que cuesta prestarlos».
En este punto, su visión coincide con la de Saturnino López Marroyo, ex alcalde de Cilleros y vicepresidente segundo de la Diputación de Cáceres, y con la de Miguel Ángel Morales, concejal en Cedillo y vicepresidente durante los últimos ochos años (con Juan Andrés Tovar al frente) y actual portavoz del equipo socialista.
«Las diputaciones son absolutamente necesarias porque prestan servicios a los que un ayuntamiento por sí solo no podría acceder», asegura López Marroyo. «Lo que ocurre es que hay mucha gente que no sabe que cuando se arregla una calle, cuando llega la luz a un polígono industrial o se mejora la red de saneamiento, detrás está la Diputación», añade el vicepresidente segundo de la Diputación cacereña, en absoluto de acuerdo con la idea de dejar sin ayuntamiento propio a los pueblos que no llegan a cinco mil vecinos. «Los ciudadanos necesitan un referente -añade López Marroyo-, alguien a quien dirigirse, y en este sentido, no hay nada más cercano que los ayuntamientos, y más en los pueblos pequeños, donde los alcaldes tienen su trabajo aparte y llegan a atender a los ciudadanos en su casa, y donde la mayoría de concejales no cobra».
En cuanto a las mancomunidades, cree que «deben seguir existiendo, pero como funcionaban al principio, cuando surgieron, y no como los mastodontes que son ahora, con una cantidad ingente de técnicos». No obstante, cree que ha llegado el momento de «sentarse y hacer un análisis sereno sobre cómo está organizada la administración en términos globales».
En este punto, piensa casi igual su rival político en la Diputación de Cáceres. «Sé que ahora va a parecer recurrente decirlo -advierte Miguel Ángel Morales-, pero convendría replantearse la estructura de las administraciones, pero haciendo una reflexión global, y a lo mejor llegamos a la conclusión de que el Senado, tal como está, no vale para nada, o que hay que reducir el número de diputados». Su experiencia en el ayuntamiento de Cedillo y en la institución provincial le lleva a decir que «ayuntamientos y diputaciones somos los hermanos pobres de la administración, de nosotros no se acuerda nadie». «Lo que plantea Checa -argumenta Morales- puede resultar discutible desde un punto de vista económico, pero otra cuestión es desde el punto de vista social, y en cualquier caso, sería muy difícil ventilarse de un plumazo casi 350 ayuntamientos».
En ese escenario de agrupaciones de consistorios, habría muchas cuestiones por aclarar, sostiene el diputado socialista. Por ejemplo, si los beneficios vía impuestos que obtienen Almaraz por tener una centra nuclear en su término municipal o Cedillo por la central hidroeléctrica, repercutirían en beneficio sólo de ese pueblo o del ayuntamiento matriz al que pertenecerían.
Su opinión es más tajante al referirse a mancomunidades y diputaciones. Las primeras «están abocadas al fracaso». «Están teniendo muchísimos problemas económicos -añade-, entre otros motivos porque los municipios les trasladan sus problemas económicos; además, en los últimos tiempos se ha acentuado su carácter de escenario de la lucha política».
Por contra, entiende que las diputaciones son «primordiales». «Sólo pueden proponer su desaparición quienes no conocen el trabajo que desarrollan -reflexiona el portavoz socialista-. Son la solución para los municipios más pequeños, a los que prestan un servicio fundamental en cuestiones como la depuración de aguas y las infraestructuras de primera necesidad, pero también en servicios añadidos, como el asesoramiento técnico casi en cualquier materia que necesiten».
Otra visión
Frente a la visión de Días Farías, López Marroyo y Morales, los tres políticos, está la de Julián Mora Aliseda, doctor en Geografía, licenciado en Sociología, profesor titular de la Universidad de Extremadura y presidente de Fundicotex (Asociación Profesional para la Ordenación del Territorio, el Ambiente y el Desarrollo Sostenible). Su primer apunte en torno al asunto que ha puesto sobre la mesa esta semana el profesor Clemente Checa es tajante. «Las diputaciones nacieron en el año 1833 y es llamativo que se mantengan en pleno siglo XXI; es como si todavía hoy estuviéramos trabajando la tierra con burros», resume Mora Aliseda, que hace cuatro años ya propuso acabar con la división provincial de Extremadura y en su lugar, dividir el mapa regional en cinco macrocomarcas (Badajoz, Cáceres, Mérida-Almendralejo, Plasencia y Don Benito-Villanueva de la Serena).
«En Extremadura hay muchos pueblos con menos de mil habitantes, que se podrían gobernar casi como si fueran una comunidad de vecinos», sugiere el profesor, que también plantea una solución para la plantilla de trabajadores de las diputaciones. «Se haría un trasvase de personal de las dos administraciones provinciales a las entidades que gestionarían esas macrocomarcas», propone Julián Mora Aliseda, que matiza la propuesta que Clemente Checa lanzó el pasado martes en Cáceres. «El límite a partir del cual un ayuntamiento puede ser autosuficiente no son cinco mil habitantes, son diez mil», advierte el profesor universitario, que cree que estamos ante un momento especialmente propicio. «El modelo actual está desfasado -opina-, ha creado una situación kafkiana, carísima e imposible de sostener en tiempos de crisis económica y financiera como la actual, por lo que es el momento de aprovechar para hacer una reestructuración territorial y administrativa más acorde a los nuevos tiempos que corren».
«Dentro de la administración, los ayuntamientos no somos ni de lejos los que más dinero gastamos»
«Las mancomunidades deben existir, pero no como los mastodontes que son ahora, con una cantidad ingente de técnicos»
«Hay que hacer una reflexión global, y a lo mejor llegamos a la conclusión de que el Senado, tal como está, no vale para nada, o que hay que reducir los diputados»
«Las diputaciones surgieron en el año 1833 y en pleno siglo XXI las mantenemos. Es como si en el campo siguiéramos trabajando la tierra con
burros»
http://www.hoy.es/v/20111030/regional/extremadura-ayuntamientos-20111030.html
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