El actor Willy Toledo y otras cinco personas más, que protagonizaron este jueves una protesta en el Congreso de los Diputados contra el desalojo del campamento saharaui de El Aaiún, han quedado en libertad con cargos después de negarse a declarar ante la Policía y pasar más de cuatro horas en las dependencias de la Brigada de Información situada en el madrileño barrio de Moratalaz.
Según informaron fuentes policiales, Toledo y sus compañeros de protesta han estado acompañados por sus abogados y han sido formalmente acusados de "perturbar gravemente el orden" en las sesiones plenarias de la Cámara Baja.
El artículo 497.1 del Código Penal establece "pena de prisión de seis meses a un año" para quienes, sin ser miembros de los órganos legislativos estatales o autonómicos, alteren el orden de forma grave. En el caso de que la Justicia determine que la perturbación del orden no es grave, se les puede imponer "la pena de multa de seis a doce meses".
Los seis activistas interrumpieron el Pleno del Congreso cuando se debatía una moción de IU-ICV para que el Gobierno condenase los "incidentes violentos" ocurridos durante el desalojo de un campamento saharaui en El Aaiún y trasladase a Marruecos "la preocupación" por lo sucedido.
Al empezar a gritar "`Diputados, chorizos!", el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ordenó el desalojo de la tribuna y pidió que se les trasladara a la comisaría que existe en las dependencias del propio Parlamento. Mientras los ujieres les echaban, intentaban tapar la boca para que no se oyeran sus gritos de "Sahara no se vende", "traidores", "diputados, chorizos" y "Sahara libre".
Los activistas fueron trasladados desde la comisaría de la Cámara Baja sin esposar y en un furgón policial. A su salida de las dependencias del Parlamento, varios de los detenidos hacían el signo de la victoria con los dedos, por la previsible repercusión mediática que tendría sus protesta gracias a esta detención.
Bono ordenó su traslado a comisaría "por si hubieran cometido algún delito". Allí permanecieron por espacio de una hora sin estar detenidos, según dijeron los responsables policiales a la diputada de ICV, Nuria Bueanventura, que fue a visitarlos.
Toledo y una mujer de origen saharaui entraron al Congreso invitados por IU, el resto de los protagonistas de la protesta solicitó invitación para presenciar el pleno a título individual.
Otras protestas de este tipo se han saldado con la expulsión directa de los invitados, pero en esta ocasión, todos ellos han acabado en dependencias policiales por la orden expresa del presidente del Congreso, que ha tenido en cuenta la frase insultante hacia los diputados.
No sólo se les llevó a la comisaría del Congreso, sino que después se les envió a las dependencias de la Brigada de Información en Moratalaz. Allí se les tomó declaración y se les acusó formalmente de un delito de perturbación grave del orden público en las sesiones parlamentarias, que puede ser castigado con entre seis meses y un año de cárcel.
El artículo 497.1 del Código Penal establece "pena de prisión de seis meses a un año" para quienes, sin ser miembros de los órganos legislativos estatales o autonómicos, alteren el orden de forma grave. En el caso de que la Justicia determine que la perturbación del orden no es grave, se les puede imponer "la pena de multa de seis a doce meses".
Los seis activistas interrumpieron el Pleno del Congreso cuando se debatía una moción de IU-ICV para que el Gobierno condenase los "incidentes violentos" ocurridos durante el desalojo de un campamento saharaui en El Aaiún y trasladase a Marruecos "la preocupación" por lo sucedido.
Al empezar a gritar "`Diputados, chorizos!", el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ordenó el desalojo de la tribuna y pidió que se les trasladara a la comisaría que existe en las dependencias del propio Parlamento. Mientras los ujieres les echaban, intentaban tapar la boca para que no se oyeran sus gritos de "Sahara no se vende", "traidores", "diputados, chorizos" y "Sahara libre".
Los activistas fueron trasladados desde la comisaría de la Cámara Baja sin esposar y en un furgón policial. A su salida de las dependencias del Parlamento, varios de los detenidos hacían el signo de la victoria con los dedos, por la previsible repercusión mediática que tendría sus protesta gracias a esta detención.
Bono ordenó su traslado a comisaría "por si hubieran cometido algún delito". Allí permanecieron por espacio de una hora sin estar detenidos, según dijeron los responsables policiales a la diputada de ICV, Nuria Bueanventura, que fue a visitarlos.
Toledo y una mujer de origen saharaui entraron al Congreso invitados por IU, el resto de los protagonistas de la protesta solicitó invitación para presenciar el pleno a título individual.
Otras protestas de este tipo se han saldado con la expulsión directa de los invitados, pero en esta ocasión, todos ellos han acabado en dependencias policiales por la orden expresa del presidente del Congreso, que ha tenido en cuenta la frase insultante hacia los diputados.
No sólo se les llevó a la comisaría del Congreso, sino que después se les envió a las dependencias de la Brigada de Información en Moratalaz. Allí se les tomó declaración y se les acusó formalmente de un delito de perturbación grave del orden público en las sesiones parlamentarias, que puede ser castigado con entre seis meses y un año de cárcel.
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