Manifiesto contra la constitución de 1978 y por la III República.

MANIFIESTO CONTRA LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y POR LA III REPÚBLICANo nos podemos seguir engañando: el capitalismo hace aguas. Las expresiones que aluden a la “luz al final del túnel”, o a los “brotes verdes”, no son más que frases retóricas que esgrimen los gobiernos a la desesperada.. Pretenden evitar como sea que la clase obrera y los sectores populares caigan en la cuenta de que aquí no hay salida positiva alguna para ellos y actúen en consecuencia.

Estamos en los albores de una crisis general sin precedentes (financiera, económica, energética, alimentaria, medioambiental y militar) del capitalismo. Nadie con credibilidad plantea que sea posible volver a niveles de empleo y de condiciones de vida como los de hace tres años, ni porvenir que no sea liquidar todas las conquistas sociales del último siglo

En el Estado español, con un capitalismo históricamente atrasado, dependiente y parasitario y con una clase política acostumbrada a los modos franquistas, las cosas están aún más negras para los trabajadores y trabajadoras. El objetivo de insertar el capitalismo español en el núcleo dominante del capitalismo internacional, nunca conseguido, retrocede a ojos vistas. Caen la competitividad, las exportaciones y el consumo interno, y se aplica como única solución un ajuste brutal y sin límite previsible sobre las espaldas de los trabajadores, mientras los que se creían “clase media” despiertan abruptamente de sus sueños.

PSOE y PP, gestores del capital

Quienes creyeron que el “talante” iba a cambiar algo se han dado de bruces con la dura realidad. El gobierno del PSOE, como hará el PP si le sucede, está siguiendo al pie de la letra el programa general de la gran burguesía y la cosa no ha hecho más que empezar. A las brutales medidas del “ajuste” de junio, les siguió la contrarreforma laboral que deja a los trabajadores y trabajadoras a los pies de la patronal, mientras se amenaza con nuevas medidas como el “pensionazo”, la liquidación de la negociación colectiva, el copago sanitario y las que vendrán como consecuencia de nuevas sacudidas de la crisis. El endurecimiento de las condiciones de vida de los sectores populares dependientes, el reforzamiento de las políticas privatizadoras, el endurecimiento de la ley de extranjería, etc. son buenos ejemplos de sostenimiento e intensificación del plan de ajuste. Tras la Huelga General del 29S, la mejor de las posibles dadas las condiciones desfavorables en que se convocó, el gobierno no se ha movido un ápice. En estas condiciones reabrir el “dialogo social” equivale a desarmar, aún más, a los trabajadores.

Continuar y reforzar la lucha

Las movilizaciones populares se intensifican. Las huelgas del metal en Galicia, de los autobuses de Barcelona, del SAT en Andalucía, la huelga general del 29J en Euskal Herria, han culminado - por ahora -  en la huelga general del 29S en el  Estado en la que ha sido patente la alta participación de la juventud. Estas huelgas,  si bien han certificado la irrupción de la clase obrera en el escenario de la lucha de clases, son claramente insuficientes. La lucha por la continuidad de la huelga general no sólo para echar abajo los planes de ajuste del gobierno y de la burguesía, sino también por un programa de que beneficie claramente a la clase obrera y los sectores populares son hoy más imprescindibles que nunca. Es evidente, además, que los gobiernos europeos van a alinearse con disciplina militar tras las medidas que cargan el peso de la crisis a trabajadores y sectores populares, sin ceder un ápice. Su fuerza, contra la inmensa mayoría de sus pueblos, es permanecer como un bloque inamovible frente al que se estrellen todas las movilizaciones. Para impedir la instauración del sentimiento de impotencia y el derrumbamiento del movimiento obrero, que es su verdadero objetivo estratégico, es necesario que en el horizonte de las luchas aparezca la transformación social y el cambio político radical. Se erige como necesidad apremiante el fortalecimiento y la coordinación europea de las luchas y la construcción, frente al poder de la burguesía y sus gobiernos, de un poder alternativo de los trabajadores y trabajadoras y de los pueblos.

La crisis es fundamentalmente política

En el Estado español, aparece con mayor claridad cada día el carácter político de esta crisis. Los pilares que mantuvieron la Dictadura y cuya continuidad aseguró la Transición empiezan a hacer aguas seriamente ante la opinión pública, a pesar de todas las manipulaciones informativas imaginables.

A la juventud, aquí y ahora, no se le ofrece otra perspectiva que ir del paro al trabajo precario, con jornadas interminables, salarios de miseria y sin derechos, sin posibilidad de acceso a una vivienda y con dificultades crecientes para estudiar en unas universidades cada vez más clasistas y mercantilizadas. Esta juventud sin futuro, más formada y difícil de manipular que las anteriores, no participó en los pactos de la Transición y, por tanto, no acepta ser rehén de los mismos. Estos y estas jóvenes son los que gritan “lo llaman democracia y no lo es”, los que nutren, cada vez en mayor medida, la rebelión, la protesta y las manifestaciones republicanas. A ellos y a ellas les corresponde - retomando en sus manos todas las banderas de aquellos otros jóvenes que cayeron luchando - colocarse en la primera línea de la construcción de la alternativa a la barbarie

La lucha de los pueblos del Estado Español por su Autodeterminación, no hace más que crecer y señalar el profundo carácter antidemocrático de una Constitución, la de 1978 que niega el derecho soberano de los pueblos a decidir y erige al rey heredero de Franco en garante de la unidad de la patria. Mientras la crisis rompe las suturas económicas que engrasaron el “estado de las autonomías”, la respuesta del gobierno es intensificar la represión contra la disidencia política y las luchas obreras, muy especialmente contra la izquierda independentista vasca. El movimiento republicano, que mantiene como uno de sus ejes estructurales la defensa del Derecho de Autodeterminación y la salida política negociada al conflicto vasco, saluda con esperanza el proceso de paz decidido unilateralmente por la Izquierda Abertzale y denuncia la respuesta canalla del gobierno Zapatero que ha incrementado los encarcelamientos y las torturas y ha situado a dos implicados en los GAL, Rubalcaba y Jáuregui, a la cabeza del nuevo ejecutivo.

La corrupción, consustancial al capitalismo y que durante el franquismo penetraba todas las estructuras del Estado se mantuvo incólume y creció con los nuevos ricos de la democracia. Simplemente se ampliaron los niveles políticos a los que comprar. La podredumbre es tanta que una pequeña parte salta todos los días a sus medios de comunicación. La más reciente ha tenido sede parlamentaria: los principales Grupos han acordado dar 1.400 millones de euros a las constructoras para paliar sus pérdidas en las autopistas. Mientras se recorta gasto público en servicios sociales indispensables a espuertas. Los periódicos señalan que las razones tienen que ver con un secreto a voces: las constructoras están entre las más importantes empresas que financian bajo cuerda a los partidos políticos.

El poder real de la Iglesia Católica, otros de los pilares de la dominación, no ha hecho más que crecer, a pesar del aumento de su descrédito popular. Ningún gobierno de la “democracia” ha cuestionado el anticonstitucional Concordato con la Santa Sede y han sido precisamente los gobiernos del PSOE los que han aumentado materialmente su poder, a través de los conciertos educativos y la financiación pública de la iglesia es superior a los 5.000 millones de euros anuales. No caben, pues, medias tintas: la laicidad del Estado es un requisito democrático imprescindible. Las creencias religiosas forman parte del ámbito privado de las personas y el Estado no puede apoyar confesiones religiosas, que en el caso de la católica se inmiscuye permanentemente en la vida política. El abandono de la izquierda institucional de la reivindicación política de una escuela pública, laica y única ha facilitado la toma del poder por parte de la Iglesia y de la burguesía de la enseñanza, frente a una escuela de clase y popular. A pesar de todo ello, el vacío ante la vista del Papa ha sido expresión del rechazo popular a una institución cada vez más machista y cavernícola.

La imagen de la monarquía se degrada ante un pueblo que ve que, mientras el paro y la miseria es el único porvenir suyo y de sus hijos, salen cada año 9 millones de euros de las arcas públicas para financiar los holgazanes de la Casa Real. Además empieza a ser vox populi que el Borbón, que llegó “con una mano delante y otra detrás”, acumula miles de millones de euros, aquí y en Suiza, producto de corrupciones sin cuento, por las han sido juzgados sus amigos más cercanos. En su caso, la ley del silencio y la impunidad que la Constitución le garantiza han impedido su imputación. La sucesión de su hijo Felipe, cada vez más cercana debido a la enfermedad del rey, y con ella la continuidad de una monarquía que no tiene otra legitimidad que ser el botín de guerra impuesto a unos pueblos derrotados y masacrados, es cada vez más impopular. La miseria tiene cara de hereje, como decía Quevedo, y una clase obrera que ve caer salvajemente sobre sus espaldas las consecuencias de la crisis está cada vez menos dispuesta a comulgar con ruedas de molino de príncipes y princesas.

La monarquía carece de legitimidad democrática y representa el continuismo franquista. De ahí el interés del poder en evitar la recuperación de la memoria histórica   que se ha concretado en una Ley inaceptable que niega una vez más la anulación de todos las condenas realizadas por la jurisdicción fascista. Ni siquiera ha garantizado la eliminación de los símbolos de la Dictadura que siguen campeando insultantes en lugares públicos. El conocimiento por las nuevas generaciones de nuestra historia más reciente mostraría los verdaderos “fundamentos” de la “democracia” monárquica y los antecedentes criminales de no pocos políticos y miembros destacados de los aparatos del Estado, implicados activamente en la represión de la Dictadura.

La masacre del pueblo saharahui perpetrada en El Aaiún por el gobierno de Marruecos ha puesto en evidencia la complicidad en el crimen del gobierno PSOE,  informado con anterioridad del ataque por Rabat,  que antepone - con criterios totalitarios - los intereses económicos de empresarios españoles y su "seguridad" a las derechos humanos y a la legalidad internacional. Igualmente  es responsable  el Borbón que  entregó en 1975 siendo jefe de estado el control del Sahara  a un régimen sanguinario a quien considera  como "monarquía hermana" y ante cuyos crímenes calla.

La crisis es sobre todo política. El cambio necesario se llama República.

El movimiento republicano llama a la clase obrera – a los veteranos luchadores y luchadoras, a los jóvenes precarios, a las mujeres y a los emigrantes - y al pueblo de Madrid a fortalecer su organización y su capacidad de movilización para exigir medidas concretas e inmediatas que permitan garantizar sus condiciones de vida, la eliminación de los gastos de sectores parasitarios, como la iglesia y la monarquía, la reducción de los gastos militares con el regreso de las tropas de Afganistán, Líbano, Haití etc, reformas fiscales que hagan pagar más a los que más tienen y, como empieza ya a ser un clamor, la socialización de la banca. Es preciso encarar la preparación de una nueva huelga general y una movilización sostenida que debe coordinarse con el movimiento obrero europeo y que debe tener en su horizonte el poder político.

Hoy más que nunca, planteamos que el cambio de gobierno no es la solución. El baile en el gobierno del PP y el PSOE más parece el baile de los vampiros. En definitiva, no habrá soluciones parciales. Es preciso cambiar la situación de raíz y enfrentar la necesidad de un cambio de régimen y la instauración de la República como orden social realmente democrático en el que la hegemonía la tengan la clase obrera y los pueblos. Ese es el camino. Esa es la única garantía de futuro.

http://www.kaosenlared.net/noticia/manifiesto-contra-constitucion-1978-iii-republica