jueves, octubre 06, 2011
Cristobal Cornejo/ El Ciudadano
Chile es uno de los tres países del mundo donde el aborto se penaliza en todas sus formas, inclusive el aborto terapéutico donde se pone en riesgo la vida, la salud física y psicológica de la mujer. Hasta 1989, el aborto terapéutico estuvo vigente, año en que se elimina su excepción, pasando a ser otro de los legados y ataduras que nos deja la dictadura de Pinochet. Imponiendo y resguardando de esta manera, supuestos ideológicos de carácter eminentemente religioso, por sobre la vida y los derechos de la mujer; en un marco jurídico – que pese a la demandas de mujeres y feministas – no ha sido posible modificar; producto de la hegemonía y opresión patriarcal que ejercen en la sociedad y en el Estado chileno, la moral conservadora de grupos fácticos, y la colusión del poder eclesiástico y el poder económico.
Según fuentes del Ministerio de Salud, en nuestro país se realizan aprox. 160.000 abortos al año, lo que se traduce a que de cada tres embarazos, uno termina en aborto. Gran parte de ellos en condiciones riesgosas para la salud y la vida de las mujeres, principalmente cuando se trata de mujeres de escasos recursos – mientras aquellas que cuentan con altos ingresos – pueden optar a realizarse procedimientos quirúrgicos legales en clínicas extranjeras o en clínicas privadas con altos niveles sanitarios. El aborto clandestino en nuestro país es una realidad que como sociedad nos concierne a mujeres y hombres, pero donde somos NOSOTRAS quienes directamente ponemos en riesgo nuestra vida, salud y libertad.
Por todo lo anterior, sostenemos, que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito constituye un derecho humano de las mujeres situado en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Derecho que además de consagrarse como una garantía de salud pública, de justicia y equidad social, se sustenta en el reconocimiento de nuestros derechos a la autonomía y a la autodeterminación.
Porque como mujeres y partícipes de una sociedad, tenemos el derecho humano de contar con leyes y políticas públicas que nos aseguren el acceso a una salud sexual y reproductiva de calidad y acordes a la libertad de conciencia y decisión de todas las chilenas y chilenos, a través del diseño, la implementación y la gestión de planes y programas que nos proporcionen acceso a toda la educación e información referente a esta materia, así como a los servicios de atención de salud integrales. Tenemos también el derecho de acceder a todos los métodos anticonceptivos seguros y eficaces de regulación de fertilidad y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Promoviendo de esta manera, el ejercicio de una sexualidad libre, plena, segura y responsable. Porque, como mujeres, tenemos el derecho humano de disfrutar de nuestra sexualidad y de decidir en libertad y responsabilidad cuándo y cuántos/as hijo/as queremos tener, o no tener.
Estos derechos han sido reconocidos como derechos humanos esenciales por el Estado chileno – constitucionalmente laico – en diferentes Tratados y Convenciones Internacionales; instrumentos jurídicos a partir de los cuales Chile se ha comprometido a su promoción, protección y difusión, a través de la promulgación de leyes e implementación de políticas públicas que aseguren el respeto y garantía de su efectivo ejercicio. Dichos instrumentos se encuentran al amparo del derecho internacional y generan efectos vinculantes o de obligatoriedad de los compromisos estatales adquiridos, según lo establecido en el art. 5 de nuestra Constitución. Compromisos que el Estado de Chile NO respeta, siendo de esta manera, nuestros derechos como mujeres cotidianamente violados y vulnerados.
El aborto clandestino, su aberrante y retrograda criminalización, como también las problemáticas que se desprenden de las deficientes políticas de salud sexual y reproductiva que tenemos, y la violación y vulneración constante y cotidiana de los derechos humanos de la mujer en Chile, constituyen una realidad social presente en nuestra historia que no podemos olvidar, ni menos evadir y silenciar. Ante esta insostenible y grave situación, denunciamos, y exigimos que el Estado cumpla con su rol de garante, legislando por la regulación, respeto y garantía del derecho al aborto, así como también, por la formulación e implementación de políticas públicas destinadas a proveer a mujeres y hombres todos los medios que les permitan ejercer, en plena libertad, dignidad y autonomía, sus opciones y decisiones sexuales y reproductivas.
Porque la maternidad es una opción y una decisión, y no una obligación.
Por el derecho a decidir, por la verdadera democracia, la libertad, la equidad, la justicia social y los Derechos Humanos de todas las mujeres.
Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos Región Araucanía; Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche; Integrantes de Mujeres Radialistas, Mujeres y Feministas de la ciudad de Temuco por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, Campaña 28 de Septiembre.
