Por E. Gutiérrez - Canarias Semanal
Cuatro jóvenes a los que las pelotas de goma lanzadas por la policía dejaron tuertos
El portavoz del SUP, José María Benito, señaló "que se deben seguir usando las pelotas de goma, puesto que se cuenta con un protocolo estricto de utilización y sólo se recurre a este método en situaciones excepcionales". Benito aseguró también que la Policía Nacional sólo emplea este armamento cuando se producen "alteraciones graves del orden público o de la seguridad ciudadana" y siempre - dijo "se hace un uso muy limitado".
El portavoz del SUP afirmó, asimismo, que nunca se puede "disparar directamente contra los manifestantes" y señaló que "hay que proyectar la pelota contra el suelo para que pierda velocidad y, por lo tanto, su golpe no sea tan lesivo".
Sin embargo, los datos aportados por la asociación Stop Bales de Goma, que reúne a diversas víctimas de estos proyectiles, no abonan la tesis policial implícita en las declaraciones de José María Benito, sobre la supuesta falta de peligrosidad de este material "antidisturbios". De acuerdo a dichos datos, desde el año 1990 hasta el momento presente habían perdido un ojo un total de 23 personas a causa del impacto de bolas de goma.
Resulta igualmente cuestionable lo que las autoridades y mandos policiales puedan considerar como "alteraciones graves del orden público o de la seguridad ciudadana".Durante la pasada huelga general del 29M, por ejemplo, los Mosso d'Esquadra hicieron uso de las pelotas de goma hiriendo de gravedad a media docena de personas.
En el mes de junio del pasado 2011, diversos medios se hacían eco de que la Comisión Europea iba a obligar a España a que la Policía prescindiera del uso de pelotas de goma por considerarlo "excesivamente peligroso". En ese momento, según recogía el periódico El Mundo, el Ministerio de Interior afirmó que acataría la orden europea y declaró que dejaría de usarlas a partir de finales de 2012.
La creciente conflictividad provocada por la batería de medidas económicas neoliberales impuestas por el Ejecutivo español parece incompatible, no obstante, con una disminución de la represión estatal de las contestación popular que éstas generarán inevitablemente.
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