viernes, 3 de agosto de 2012

En defensa de los trabajadores públicos


Hoy, además de los sectores más desfavorecidos, como los pensionistas o los parados o los dependientes, entre otros, el gobierno hace jugar a los funcionarios un papel principal, les hacen ser la cabeza de turco de los recortes de este gobierno, el chivo expiatorio de la crisis.
Lo grave es que entre nuestros gobernantes peperos y sus medios afines han alimentado una falacia que ha calado entre la ciudadanía: Los funcionarios son unos privilegiados. Confundiendo privilegios con derechos.
Muchos, cuando se habla de empleados públicos tienen la imagen del señor o señora que con visera y manguitos, hace un siglo, trataba con desgana y malas maneras, detrás de un mostrador, a los ciudadanos. Y esa es la imagen que se pretende mantener para poder acusar a los funcionarios de gente privilegiada y poco trabajadora.
Deberíamos recordar que, además de los hombres y mujeres que están detrás de un mostrador o una mesa para ayudar a los ciudadanos –por cierto, han cambiado sensiblemente y suelen ser amables profesionales que ayudan en lo que pueden—, entre los casi tres millones de trabajadores públicos hay bomberos, policías, barrenderos, profesores, médicos, enfermeros, cuidadores de ancianos, etc.
Pues bien, a estos “privilegiados” cuyos salarios medios han sido y siguen siendo más bajos que los de empresas privadas, se les ha bajado el sueldo en varias ocasiones. En la última, la semana pasada, les han quitado la paga extraordinaria de Navidad y algunos de esos días ‘moscosos’ que tienen y que nadie les regaló, puesto que se los dieron a cambio de no aumentarles el sueldo.
Y es que, de forma premeditada, la campaña que han sufrido ha querido confundir los privilegios con los derechos. Los trabajadores públicos, como los privados, han conseguido, después de luchas sindicales ciertos derechos. Nadie les ha regalado nada. Para poder tener una plaza han tenido que sufrir unas oposiciones donde los presentados siempre han sido muchos más que las plazas a cubrir. Para empezar, han tenido que demostrar su capacidad.
Entre otras falacias está la de que son demasiados. Y, en esas campañas de desprestigio, alarman diciendo que demasiados empleados públicos lastran un país. Pues bien, eso es absoluta ignorancia o, en muchos casos, una mentira premeditada.
Empleados públicos en Europa
En este cuadro obtenido de 20Minutos se puede ver claramente la cantidad de trabajadores públicos que hay en la Unión Europea. En España por cada 15 ciudadanos hay un funcionario. Curiosamente los países que son ejemplos de progreso son los que más funcionarios tienen. Así, en Dinamarca hay uno por cada seis ciudadanos, en Suecia, uno cada siete y en Finlandia, uno cada ocho. Mientras que España ocupa el puesto 24 sobre 27 países. Solamente, Italia Portugal o Austria tienen menos funcionarios.
Por lo tanto es una mentira radical decir que somos uno de los países con mayor número de funcionarios. Como también lo es decir que un gran número de funcionarios es propio de un país menos avanzado. Además de los países nórdicos citados, los grandes países de la UE, todos, tienen más trabajadores públicos. Francia, Reino Unido o Alemania están por delante de nosotros. Lo que desmiente uno de los mitos principales de la campaña de desprestigio.
Curiosamente se arma una campaña contra los funcionarios y se les criminaliza y se les castiga, como si fueran ellos los responsables de la crisis, y sin embargo, nadie dice nada, por ejemplo, de los cargos de libre designación, los nombrados a dedo, o de los organismos inútiles o prescindibles como es el caso del Senado o de las Diputaciones. Por poner un ejemplo la Sra. Aguirre durante su mandato ha duplicado el personal de confianza, habiendo pasado de mil a dos mil, aproximadamente.
Basta de hipocresías, si queremos tener un país de primera es necesario tener empleados públicos que cumplan misiones sociales indispensables. Cargar sobre ellos la responsabilidad de la crisis, disminuir su número y castigarlos no hace sino ir en contra de la mayoría social y provocar una bajada de calidad en los servicios públicos, condenándonos a malos servicios públicos o a consumir servicios de empresas privadas.
Esa es la clave. Quieren cambiar el modelo de Estado, quieren hacer un país donde todos los servicios se paguen, y los servicios públicos queden como una especie de beneficencia, de baja calidad, para que lo utilicen quienes no puedan pagarse los servicios prestados por empresas privadas. Quieren bajarnos a tercera regional. No caigamos en la trampa y aliémonos con los funcionarios, son trabajadores y una parte importante del futuro de este país.
Salud y República

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