La ley electoral no se reformará ni esta legislatura ni previsiblemente en la siguiente. Así lo han querido los dos grandes partidos, PSOE y PP, con la aquiescencia de los nacionalistas de CiU y PNV que han cerrado definitivamente la puerta a la histórica reivindicación de Izquierda Unida para tener un sistema más proporcional y para garantizar la igualdad de los votos. Eso sí, han aprovechado, para introducir cambios pactados extraparlamentariamente introduciendo de rondón una enmienda para que el mandato de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que designa el Senado sea de seis años en lugar de nueve.
De nada ha servido el informe elaborado por el Consejo de Estado en 2009 a petición del Gobierno en el que hablaba de “desajustes importantes” en el actual sistema de reparto de escaños y recomendaba cambios para “garantizar la igualdad de electores y partidos”. Como tampoco ha influido la opinión de voces tan autorizadas como la de Gregorio Peces-Barba y Miguel Herrero de Miñón. El sistema D'Hondt seguirá siendo la fórmula electoral para la repartición de escaños.
Y todo ello, después de que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometiera con el diputado de IU, Gaspar Llamazares a constituir una subcomisión parlamentaria que abordara la reforma de La Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 (LOREG). Si bien es cierto que dicho órgano quedó constituido en la Cámara baja, después de dos años de trabajo, no resolvió lo fundamental. La comisión cerraba a finales de junio pasado definitivamente la puerta a un cambio en profundidad del sistema. Y la coartada dada por PSOE, PP, y los nacionalistas vascos y catalanes ha sido decir que reformas de este calado deben abordarse con consenso.
El pleno del Congreso aprueba este miércoles ciertas modificaciones “técnicas” de la ley como la relativa a las papeletas del Senado, cuyo tamaño se reducirá, se ordenarán las fuerzas políticas según los resultados anteriores y los partidos no estarán obligados a colocar alfabéticamente a sus candidatos. Con esa ‘percha”, PSOE y PP han introducido “de tapadillo”, según denuncia IU, una modificación de la norma del Tribunal Constitucional para reducir el mandato de los magistrados designados por la Cámara Alta. A ello se añaden modificaciones para impedir que concurran listas que apoyen encubiertamente a ETA; poner trabas a las mociones de censura en los ayuntamientos apoyadas por tránsfugas; un mayor control en los censos para evitar empadronamientos masivos; facilitar que los emigrantes españoles puedan votar en urna; reducir un 15% los gastos electorales; y obligar a las televisiones privadas a respetar los criterios de “proporcionalidad y neutralidad informativa” durante las campañas electorales.
Pequeños cambios que nada tienen que ver con la ambiciosa reforma que pretendían los partidos minoritarios como Izquierda Unida o UPyD. Estas formaciones sostienen que los grandes beneficiados del reparto del ‘pastel’ electoral seguirán siendo los dos partidos mayoritarios pero también los grupos nacionalistas. Mientras a Llamazares su escaño le costó en las pasadas elecciones generales cerca de 500.000 votos, a socialistas y populares les basta con obtener 66.000 papeletas.
Poco después de ser elegido coordinador general de IU, Cayo Lara abrió una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para hablar sobre la reforma electoral. De nada sirvió. Esta formación mantiene la necesidad de cambiar el actual sistema de cálculo (Ley D’Hont); reducir de 2 a 1 diputado por circunscripción quedando así liberados esos 50 escaños que podrían repartirse en función de la población. Según los cálculos de IU, siguiendo este sistema, IU-ICV hubiera obtenido en 2008 entre 13 y 14 diputados en lugar de dos como tiene ahora.
Con el actual sistema además se pierden muchos votos que literalmente se tiran a la papelera: unos dos millones según los resultados de 2008. Esto no pasaría, según IU, si el reparto se hiciera por comunidades autónomas en lugar de por provincias lo que califican ya de “decimonónico”. Los “beneficios para los dos grandes partidos son evidentes: PSOE y PP salen beneficiados alrededor de un 4%, mientras que IU sale perjudicada en un -6%, y UPyD en un -4%.
Tanto PSOE como PP mantienen que con el mismo sistema, Izquierda Unida consiguió tener 21 diputados en la época de Julio Anguita. Sin embargo, no tienen en cuenta el aumento de la población. En 2012 (siguiendo el cálculo hecho por IU), habrá cerca de 4 millones más de votantes que en 1996, por lo que el reparto de escaños también variará, recuerda esta formación.
De nada ha servido el informe elaborado por el Consejo de Estado en 2009 a petición del Gobierno en el que hablaba de “desajustes importantes” en el actual sistema de reparto de escaños y recomendaba cambios para “garantizar la igualdad de electores y partidos”. Como tampoco ha influido la opinión de voces tan autorizadas como la de Gregorio Peces-Barba y Miguel Herrero de Miñón. El sistema D'Hondt seguirá siendo la fórmula electoral para la repartición de escaños.
Y todo ello, después de que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometiera con el diputado de IU, Gaspar Llamazares a constituir una subcomisión parlamentaria que abordara la reforma de La Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 (LOREG). Si bien es cierto que dicho órgano quedó constituido en la Cámara baja, después de dos años de trabajo, no resolvió lo fundamental. La comisión cerraba a finales de junio pasado definitivamente la puerta a un cambio en profundidad del sistema. Y la coartada dada por PSOE, PP, y los nacionalistas vascos y catalanes ha sido decir que reformas de este calado deben abordarse con consenso.
El pleno del Congreso aprueba este miércoles ciertas modificaciones “técnicas” de la ley como la relativa a las papeletas del Senado, cuyo tamaño se reducirá, se ordenarán las fuerzas políticas según los resultados anteriores y los partidos no estarán obligados a colocar alfabéticamente a sus candidatos. Con esa ‘percha”, PSOE y PP han introducido “de tapadillo”, según denuncia IU, una modificación de la norma del Tribunal Constitucional para reducir el mandato de los magistrados designados por la Cámara Alta. A ello se añaden modificaciones para impedir que concurran listas que apoyen encubiertamente a ETA; poner trabas a las mociones de censura en los ayuntamientos apoyadas por tránsfugas; un mayor control en los censos para evitar empadronamientos masivos; facilitar que los emigrantes españoles puedan votar en urna; reducir un 15% los gastos electorales; y obligar a las televisiones privadas a respetar los criterios de “proporcionalidad y neutralidad informativa” durante las campañas electorales.
Pequeños cambios que nada tienen que ver con la ambiciosa reforma que pretendían los partidos minoritarios como Izquierda Unida o UPyD. Estas formaciones sostienen que los grandes beneficiados del reparto del ‘pastel’ electoral seguirán siendo los dos partidos mayoritarios pero también los grupos nacionalistas. Mientras a Llamazares su escaño le costó en las pasadas elecciones generales cerca de 500.000 votos, a socialistas y populares les basta con obtener 66.000 papeletas.
Poco después de ser elegido coordinador general de IU, Cayo Lara abrió una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para hablar sobre la reforma electoral. De nada sirvió. Esta formación mantiene la necesidad de cambiar el actual sistema de cálculo (Ley D’Hont); reducir de 2 a 1 diputado por circunscripción quedando así liberados esos 50 escaños que podrían repartirse en función de la población. Según los cálculos de IU, siguiendo este sistema, IU-ICV hubiera obtenido en 2008 entre 13 y 14 diputados en lugar de dos como tiene ahora.
Con el actual sistema además se pierden muchos votos que literalmente se tiran a la papelera: unos dos millones según los resultados de 2008. Esto no pasaría, según IU, si el reparto se hiciera por comunidades autónomas en lugar de por provincias lo que califican ya de “decimonónico”. Los “beneficios para los dos grandes partidos son evidentes: PSOE y PP salen beneficiados alrededor de un 4%, mientras que IU sale perjudicada en un -6%, y UPyD en un -4%.
Tanto PSOE como PP mantienen que con el mismo sistema, Izquierda Unida consiguió tener 21 diputados en la época de Julio Anguita. Sin embargo, no tienen en cuenta el aumento de la población. En 2012 (siguiendo el cálculo hecho por IU), habrá cerca de 4 millones más de votantes que en 1996, por lo que el reparto de escaños también variará, recuerda esta formación.
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