Por Julio Anguita
La nacionalización de YPF ha sido acogida, en una prolongada primera instancia, por el mundo de la política oficial y también por los medios de comunicación con pautas, acentos, y apelaciones al honor patrio más propias de la obra zarzuelera que de la seriedad debida a la situación.
El 31 de octubre de1919 se estrenó en Madrid una pieza titulada "Las corsarias"; el maestro Alonso puso la música y muy pronto el número de la banderita se convirtió en la expresión del patriotismo cañí de oropel castrense y sinónimo de evasión de los problemas de fondo hacia un imaginario colectivo hecho de ensoñaciones y complejos de inferioridad.
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La nacionalización de YPF ha sido acogida, en una prolongada primera instancia, por el mundo de la política oficial y también por los medios de comunicación con pautas, acentos, y apelaciones al honor patrio más propias de la obra zarzuelera que de la seriedad debida a la situación. Se ha volcado hacia la opinión pública la idea de que el honor patrio había sido mancillado y de que la señora Cristina Fernándezhumillaba a España. Nada nuevo desde la manipulación de los sentimientos ciudadanos propia de la época franquista. Confundir, a propósito, los intereses de una empresa supuestamente española con los del país es sencilla mente mentir.Vayamos a los datos.YPF, la empresa nacionalizada, es una filial de la compañía española Repsol, la cual posee el 57 por ciento de las acciones– el 43 por ciento restante pertenece a inversionistas argentinos y de otras procedencias–. A su vez, Repsolpertenece en más de un 50 por ciento a capital extranjero y al grupo mexicano Pemex. El resto es de capital privado: la española Sacyr (10 por ciento) y Caixabank y otro tipo de capital privado.
Es obvio que los dividendos producidos se reparten entre los accionistas sin que éstos tengan otra obligación hacia el erario que el pago de impuestos por los beneficios derivados de su inversión y los riesgos inherentes a ella. Pero el caso es que Repsol declara en España el 25 por ciento de sus beneficios, a un tipo impositivo medio inferior al 30 por ciento que debiera. Esta información recogida de los trabajos del diputado por IU Alberto Garzónilustra a las claras sobre a quiénes sirven los llamados defensores de los intereses patrios.
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